La épica de una mentira: lo que el video de Claudia Macero desnuda sobre Vente Venezuela

Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.

“… Con el tiempo, aprendí que la política —no lo político, porque no son lo mismo—, ligado al concepto del “poder”, es la gestión de realidades posibles para solucionar un conflicto (…), pero todos los políticos venezolanos (…) convirtieron eso en la fe ciega propia de un dogma, en un ejercicio de simulación, donde el costo de mantener la narrativa es infinitamente superior a los resultados concretos que se ofrecen a la sociedad.”

Roymer A. Rivas B.

El video de Claudia Macero, más allá de todo el revuelo negativo que ha generado con respecto al manejo de las comunicaciones de Vente Venezuela[1], algunas de sus palabras dejan al descubierto el cómo se construyó —y se intentó blindar— la enorme cantidad de falsedades que Vente Venezuela vendió durante tanto tiempo respecto a su “supuesto plan” para el país —y que, en definitiva, también por error comunicacional, sorprendentemente dejaron—. Hay un fragmento que resulta revelador por sí solo: en el minuto 8:34, aparentemente le hacen una pregunta sobre qué sentía o pensaba mientras se encontraba encerrada en la embajada de Argentina, y digo “aparentemente” porque la pregunta no aparece, sí su respuesta[2]; Macero confiesa: “Cuando estaba en la embajada, yo estaba segura que me tenía que ir, porque en un punto yo dije: ‘mira, esto no va a cambiar. Y esto cada vez se va a poner peor. Yo no creo que esto se vaya a solucionar’ (…)”.

Durante años, María Corina Machado (MCM) y su equipo se enfrascaron en inyectar una sobredosis de optimismo artificial a su base, vendiendo la idea de que existía un plan milimétrico e infalible para lograr la transición en Venezuela. Esta narrativa vino acompañada de un rosario de mitos complementarios, como asegurar que contaban con el respaldo del 80% de la FF. AA. —un despropósito discursivo en el que no me extenderé, pues ya lo he abordado en otros espacios, y tampoco es como que sea necesario—. Con lo dicho por Macero, la contradicción salta a la vista, pues se cruza esa narrativa pública de triunfo inminente con la trastienda de los hechos. Es decir, mientras hacia afuera se vociferaba la certeza del cambio y la invencibilidad del movimiento, las autodenominadas “guacamayas” se encontraban atrincheradas en la embajada de Argentina, lidiando con la convicción —interna— de que no había salida visible y de que la situación no haría más que empeorar.

Pero el asunto no acaba allí, porque lo más interesante de esas palabras no es la constatación de la estafa que, a todas luces, constituyó el discurso de Vente Venezuela, sino el contraste con la posterior gestión comunicacional de su salida. Meses más tarde, la partida de estos dirigentes hacia el exterior se empaquetó y vendió al país con una épica cinematográfica impresionante, diseñada para mantener intacto el mito de la resistencia heroica. Yo pregunto —lo mismo que me preguntaba en el momento y que hoy vuelve a salir a la luz—: si las cosas realmente van a cambiar y realmente hay un plan, ¿Por qué siguen ellos metidos en la embajada? Más adelante, ¿Por qué la misma MCM se resguardó?[3] ¿Qué significa o implica “hasta el final”? Nuevamente, choca frontalmente la realidad y el relato[4]. El tiempo demostró que todo fue mentira y simplemente dependimos de la alineación de factores geopolíticos para que un EE. UU. que gira su cabeza a Latam decidiera actuar en Venezuela[5].

Es lamentable, por cuanto Vente Venezuela representa para muchos —no pasa mí, o al menos no per se— un cambio en el país, que se haya recurrido a este tipo de relatos —que contrasta con los del pasado del movimiento, vale decir— para hacer política en el país, engañando a millones, millones de los cuales salieron unos miles el 29 de julio de 2024 a defender una causa por la cual ya los venezolanos demostramos que estábamos dispuestos a dar la vida en el pasado, pero la dirigencia no supo canalizar ese descontento y del seno de las protestas tampoco emanaron líderes que pudieran mover las masas con una estrategia clara. Esto es peor, porque se vendió un plan inexistente.

Todo eso es frágil, y su fragilidad radica en ese tipo de construcciones políticas que se fundamenta en la dependencia de mantener un estado de ilusión permanente, donde cualquier cuestionamiento racional es catalogado de inmediato como derrotismo o traición. Es un gran problema que se prometa un desenlace inminente respaldado por un eslogan elástico —“hasta el final” que cambia de forma y plazo según las conveniencias del día[6]—, pues se somete a la militancia a un desgaste psicológico constante, uno del que ya había sido victima en los últimos años. Con el tiempo, aprendí que la política —no lo político, porque no son lo mismo—, ligado al concepto del “poder”, es la gestión de realidades posibles para solucionar un conflicto —sea cual fuere que emane de la convivencia—, pero todos los políticos venezolanos —todos, no el promedio, no el común, porque esas son expresiones que implican excepciones, y en Venezuela, al menos hasta el 03 de enero, no ha había excepciones[7]—, convirtieron eso en la fe ciega propia de un dogma, en un ejercicio de simulación, donde el costo de mantener la narrativa es infinitamente superior a los resultados concretos que se ofrecen a la sociedad.

Ahora bien, esta desconexión deliberada entre el discurso épico y la acción real no solo desprotegió a su propia dirigencia —condenada a lidiar en privado con el desaliento mientras en público sostenía la fachada—, sino que terminó instrumentalizando el descontento de millones de venezolanos. Al vender certezas construidas sobre cimientos inexistentes, como el respaldo castrense o un plan para forzar la transición —pues, “vamos a cobrar”—, se generó un vacío estratégico que solo pudo ser llenado con el resguardo individual y el repliegue[8]. De este modo, la épica vendida a posteriori sobre la salida o el resguardo de los voceros no es más que el intento comunicacional de maquillar un repliegue forzado por la cruda realidad que la propia Claudia Macero admitió en su momento a nivel interno.

Creo necesario que Vente Venezuela repare en todos esos errores y, con ello, deje de apelar a un modelo de hacer política agotado en su propia inconsistencia. Pretender dirigir un país o liderar un cambio estructural bajo la premisa de entrevistas desde el resguardo y promesas sin calendario es repetir los mismos esquemas que en el pasado reciente ya demostraron su ineficacia. No se puede sostener indefinidamente una estrategia basada en expectativas ficticias sin que, tarde o temprano, la realidad termine pasando la factura definitiva a la credibilidad de sus impulsores. La ventana del país les permite hacerlo, si quieren, claro está —énfasis en: “si quieren”, porque si siguen enfrascados en la estupidez, escuchando solamente a quienes los apañan, quizá puedan obtener la presidencia de Venezuela, pero el cambio al que seguro apuntan y que queremos no lo conseguirán jamás—.

Fin.[*]

[*] Bueno, la presión social me llevó a ver el video de Claudia Macero. Pero ceder a la presión social a veces tiene ciertos réditos. Eso fue precisamente lo que me ocurrió, lamentablemente —por y para el país—.

[1] Un manejo que ya de por sí deja mucho que desear desde hace muchísimo tiempo y, a mi juicio, ha sido el principal problema del movimiento tras los acontecimientos del 03 de enero, independientemente de sus contados aciertos —los mismos que le han ayudado a mantenerse vivo, por cierto, pero eso no elimina los desatinos—.

[2] Impresionante. Punto para ellos. No conozco el cariz de la ausencia de la pregunta, sabrá Dios el motivo de ello, pero sí dejan una respuesta que los expone (xD). —Es que no tiene sentido (xD)—.

[3] Eso sí, dando entrevistas, al estilo Juan Guaidó.

[4] La realidad y la imagen generalmente no se llevan bien y no pocas veces terminan siendo mutuamente excluyentes.

[5] Aquí van a decir que MCM tiene mucho mérito, como si de ella hubiese dependido alguna acción de EE. UU. A todas esas personas, ciegos en demasía, los invito a repasar la historia reciente del país, tan solo los últimos 27 años, a ver si era necesario cualquier cosa de lo que hizo MCM para demostrar fraudes o que el régimen está dominado por unos malditos criminales. ¿Resta eso algo de lo que consiguió MCM, a nivel interno en el país, especialmente logrando, aunque en menor medida que en el pasado, hacer que muchos voltearan a ver nuevamente los asuntos políticos institucionales del país? En lo absoluto, simplemente pone las cosas en su lugar, que no es en el Olimpo en el que muchos creen que está.

[6] Entendí desde el principio que era eslogan sin tiempo, al igual que muchos otros, y, por consiguiente, sin sentido. No tiene nada que envidiarles a los cristianos que hablan de un fin inminente que nunca llega cuando se lo esperan —aunque eso no necesariamente significa que no llegará en el futuro; pero eso al mismo tiempo no implica que pasarán las cosas tal y como ellos lo profesan, por lo que, en la práctica, se hacen unos mentirosos—.

[7] Los acontecimientos post-03 de enero merecen matizaciones aparte.

[8] Aquí puede que lleguen muchos también a decir: “no nos replegamos, aquí estamos”, porque parece que carecen de la capacidad de ubicarse en un plano temporal separado y hablan como si todo fuese una misma cosa. Tras los acontecimientos del 28 de julio del 2024, desatada la ola represiva, todos eran posibles objetos de persecución, se resguardaron, se fueron a la clandestinidad o salieron del país. Y ojo, no es para menos nada de eso, es absolutamente entendible y no pretendo usarlo de ataque —yo mismo ofrecí mi casa para resguardo de algunos cercanos y conocidos que estaban en la mira del régimen; y no podría usar eso de ataque cuando en el pasado yo mismo fue víctima de ello, y no pasé de cerca lo que han pasado miles—, simplemente destaco la consecuencia de la épica vendida durante todo este tiempo. Que más tarde hubiese reagrupación, perfecto, pero eso es gracias al 03 de enero, no a otra cosa antes de.

En tiempos de tutelaje no se da puntada sin dedal

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett)

1. Anquilosamiento

Estados Unidos ya sospecha, más allá de la duda razonable, que esa mesa de diálogo no va a ninguna parte, que es y será expresión de la costra, ese tejido bastardo y protector de intereses, antiético y amoral que sustituyó el Pacto de Puntofijo, donde entre presos, muertos y desaparecidos hay plata, mucha plata habida por reconciliar y discutir. ¿La punta del iceberg? ¿El punto decente? El consabido oro inglés.

2. La sorpresa

El arribo de María Corina Machado, el “coco” con que el Departamento de Estado asusta al triunvirato de trámite Rodríguez-Cabello, es una realidad en la calle venezolana. En política importan los hechos y es una disciplina que se maneja por su poder de influencia. Hoy María Corina es la influencia de calle más visible en los pueblos de Venezuela.

Este cronista rechaza los mitos de una entrada “escapada a los gringos”. Si su partido asume ese cuento les va a restar. Ni antes, mucho menos ahora en época de la inteligencia artificial, los Estados Unidos no permiten que ocurra nada sin su control, y el control de lo que ocurre en Venezuela es total.

3. Arreglo petrolero

Subsistirá gane quien gane las elecciones de término medio y las próximas presidenciales. Dejémonos de filosofías de predicado falso: en la vía de formalizar un nuevo orden mundial tripartito (EE. UU., China y Rusia), Venezuela regresa en bruto al control de la influencia geopolítica americana. Habrá cambios de procesos y protagonistas. Recordemos que el sistema de justicia, por mucha penetración del poder ejecutivo que tenga hoy, es autónomo y capaz de recomponerse. Ha ocurrido, ocurre y nada indica que no vaya a ocurrir.

4. El número 51. Parte del coco

Y esto va a la clase política emergente: o María Corina hace la purga que la dialéctica popular impone junto a los Estados Unidos, este último en obediencia a sus expedientes esperan, o se la lleva la ola. Ese cementerio de muertos vivientes corresponsables del desastre —ella y nosotros sabemos quiénes son— o los ubica bajo el escrutinio de la justicia en holocausto de la impunidad, o su liderazgo se desinfla y es arrastrado por aquellos que crearon la genuflexión que permitió casi 30 años de chavismo.

Cuando hay insatisfacción del tutor, el presidente de los Estados Unidos desliza la opción del Estado 51. Así somos de importantes. Esa propuesta tiene asiento y apoyo popular. O la líder del momento hace el detox o, como dicen en México, “se la lleva la calaca”.

De un ignorante a otro: introducción al aborrecimiento de la ignorancia

Nathan Canario, coordinador local de EsLibertad Venezuela, estudiante de la Universidad Central de Venezuela

“Todos los hombres desean por naturaleza saber.”

Aristóteles, Metafísica, I, 1.

Hace poco, en una de mis largas noches de meditación, hubo una escena que vino a mi mente, una escena que se repite en todas las épocas y que, sin embargo, nunca termina de cansarme. Alguien —un niño, casi siempre, en su profunda inocencia y curiosidad— pregunta: «¿Por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los números no se acaban? ¿Por qué la abuela ya no está?» Y el adulto que tiene delante, en lugar de responder, hace una de esas cosas que hacen los adultos dañados —todos— cuando se sienten interpelados: cambian de tema, prometen contestar luego, o suelta un «porque sí». Esa pequeña claudicación, repetida mil veces, va apagando poco a poco algo que en el principio era puro apetito: las ganas de entender.

Me interesa empezar por ahí porque creo que el asunto del conocimiento no se plantea hoy principalmente como un problema teórico —¿Qué es conocer?—, sino como un problema práctico y casi afectivo: ¿Queremos saber? ¿Nos importa no saber? Porque la ignorancia no es solo un estado del entendimiento; es también una disposición del ánimo. Y de eso, de la necesidad de saber y del justo aborrecimiento de la ignorancia, quiero escribir unos cuantos garabatos, sin más pretensión que la de ordenar algunas ideas a las que llevo tiempo dándole vueltas.

Conviene recordar algo que a veces olvidamos por culpa de cierta idea demasiado solemne del conocimiento: que saber es, en su forma más elemental, una función vital. No un lujo de biblioteca, sino una condición de supervivencia. El ser humano que no sabe qué planta es venenosa, qué animal acecha, qué nube anuncia tormenta, tiene menos probabilidades de llegar a viejo. La curiosidad, que en nuestra tradición se atribuye al filósofo como virtud eminente, es antes que nada un instinto: el mismo que empuja al gato a meter la pata en la caja y al bebé a llevarse todo a la boca.

Aristóteles abre la Metafísica con aquella frase que he puesto como epígrafe, y lo hace justo después de haber distinguido entre la sensación, la memoria, la experiencia y el arte. Su gradación no es casual: quiere mostrar que el conocimiento humano tiene raíces biológicas y que solo desde ellas se eleva a las formas más altas de la teoría. No hay, en su esquema, un corte radical entre el saber del artesano y el saber del filósofo; hay una continuidad, un mismo impulso que se va refinando. Esa continuidad es importante, porque nos impide creer que el conocimiento es patrimonio de una élite y nos obliga a reconocerlo como tarea común de la especie.

Hay un segundo sentido en el que saber es una necesidad, menos biológico y más político. Me refiero a que la vida humana, a diferencia de la vida animal, se desarrolla en un mundo que está hecho en buena parte de símbolos, instituciones, normas y relatos. No podemos movernos en ese mundo sin entenderlo, y entenderlo significa conocer las reglas del juego, aunque solo sea para discutirlas. El analfabeto funcional de nuestras sociedades no está condenado a morirse de hambre —la red de asistencia se lo impide, al menos en buena parte de Occidente—, pero sí queda expuesto a una forma más sutil de indefensión: la de no poder leer su propio contrato de trabajo, no poder interpretar una noticia, no poder distinguir una promesa política de una consigna de campaña. La ignorancia moderna no mata de inanición; mata de credulidad. Llegados aquí, conviene hacer una distinción que a mi juicio es la clave de todo el asunto. Porque decir que la ignorancia es algo que hay que aborrecer suena muy bien en la boca de un predicador, pero si no afinamos un poco el concepto corremos el riesgo de caer en una especie de intolerancia epistémica bastante desagradable: la de tratar como culpable a quien simplemente no ha tenido ocasión de aprender.

Habría que distinguir, en efecto, al menos tres formas de no saber. La primera es la ignorancia natural o de hecho: no sé chino, no sé tocar el violín, no sé cuál es la capital de Burkina Faso. Es una ignorancia fáctica, contingente, que se debe a la finitud de mi tiempo y de mi memoria. Nadie puede saberlo todo, y pretender lo contrario es una forma de necedad que los escolásticos conocían bien. La segunda es la ignorancia estructural, la que resulta de las condiciones sociales: no aprendí a leer porque no hubo escuela, no sé usar una computadora porque en mi pueblo no hay la conexión de internet necesaria, no sé cómo funciona mi propio cuerpo porque la educación sexual que recibí consistía en un puros prejuicios. Esta ignorancia no es culpa del ignorante; es, si se me permite la expresión, un fallo del sistema. Confundirla con la primera o con la tercera es una injusticia que se paga caro. Y la tercera es la ignorancia voluntaria: la del que pudiendo saber, prefiere no saber; la del que aparta la vista; la del que se enorgullece de no haber leído un libro en veinte años, como si la incultura fuera una medalla. Solo esta tercera forma de ignorancia merece, a mi entender, el nombre de vicio. Y es la que justifica el «aborrecimiento» del que habla el título de esta reflexión.

Hay, además, una ignorancia que no solo es tolerable, sino que constituye una de las formas más altas de la sabiduría: la que los antiguos llamaron docta ignorantia, la ignorancia sabia. Sócrates, según el testimonio de Platón en la Apología, hizo del «solo sé que no sé nada» —o más exactamente, del saber que no se sabe— el eje de su vida filosófica. Y no se trataba de una pose. Se trataba de la constatación de que el conocimiento humano es limitado, falible y provisional, y de que quien se cree en posesión de la verdad está más lejos de la sabiduría que quien reconoce su propia oscuridad.

Nicolás de Cusa escribió un tratado entero, De docta ignorantia, para desarrollar esta idea: la sabiduría no consiste en acumular certezas, sino en reconocer los límites del entendimiento. Y Montaigne, siglos después, hizo de esa actitud una forma de vida: «¿Qué sé yo?» era su divisa, y con ella se protegía tanto de los dogmáticos como de los escépticos radicales. Hay una línea que va de Sócrates a Montaigne, y de ahí a la epistemología contemporánea, que nos enseña algo fundamental: que el conocimiento verdadero empieza siempre por una pregunta honesta, y que la honestidad de la pregunta depende de que uno esté dispuesto a aceptar que no sabe.

Esto tiene una consecuencia práctica de primer orden. El aborrecimiento de la ignorancia, si se quiere convertir en una virtud cívica y no en una simple arrogancia, tiene que ser compatible con la humildad. Tiene que ser un aborrecimiento del conformismo, de la pereza mental, de la renuncia a preguntar; no un aborrecimiento del que no sabe. Porque si confundimos las dos cosas, acabamos produciendo lo contrario de lo que buscábamos: en lugar de una sociedad que aprende, una sociedad que finge saber. Y una sociedad que finge saber es una sociedad en la que nadie pregunta nada, porque preguntar se ha vuelto vergonzoso.

¿Cuándo, entonces, es legítimo aborrecer la ignorancia? A mi juicio, cuando adopta la forma de una decisión. Cuando alguien, teniendo a mano los medios para informarse, decide no informarse; cuando alguien prefiere la comodidad de su prejuicio a la molestia de comprobar los hechos; cuando alguien se niega a escuchar el argumento contrario porque ya sabe de antemano lo que el otro va a decir, y lo sabe porque no lo ha escuchado. Hay una expresión castellana que me parece muy reveladora: «hacerse el sueco». Hacerse el sueco, en materia de conocimiento, es una de las formas más extendidas de la ignorancia voluntaria. No es que no se sepa; es que se hace como que no se sabe para no tener que actuar en consecuencia. Y ese fingimiento tiene un nombre clásico: mala fe. Sartre lo describió con precisión: la mala fe no es mentir a los demás, es mentirse a sí mismo, esconderse a uno mismo su propia libertad. El ignorante voluntario hace algo parecido: se esconde a sí mismo la posibilidad de saber, para no tener que asumir las consecuencias de saber. En este punto conviene ser cuidadosos, porque el reproche al ignorante voluntario puede convertirse fácilmente en una forma de desprecio social. No es lo mismo el que rechaza la vacuna por convicción ideológica que el que no puede acceder a ella; no es lo mismo el terraplanista militante que el campesino que nunca fue a la escuela. La línea entre la ignorancia culpable y la ignorancia desafortunada es a veces borrosa, y en todo caso no es el que escribe estas líneas quien tiene autoridad para trazarla en cada caso concreto. Pero la distinción existe, y negarla sería tan injusto como no querer verla.

Quizá la mejor fórmula sea la de Kant en su opúsculo sobre la ilustración: Sapere aude, atrévete a saber. La consigna kantiana no se dirigía a los que no sabían, sino a los que no se atrevían a saber; a los que preferían la comodidad de la tutela ajena a la responsabilidad de pensar por sí mismos. «Es tan cómodo ser menor de edad», escribía. Y es verdad: la ignorancia, cuando se convierte en costumbre, tiene algo de refugio. Nos ahorra el esfuerzo de dudar, de comparar, de cambiar de opinión. Pero ese refugio se paga con la libertad.

Hablar de la necesidad del conocimiento sin hablar de su relación con el poder sería quedarse a medio camino. Porque el conocimiento no es solo un bien para quien lo posee; es también un recurso que se distribuye desigualmente y que se usa como instrumento de dominio. Bacon lo dijo con una franqueza que todavía escandaliza: scientia potentia est, el saber es poder. Y tenía razón, aunque no en el sentido ingenuo de que quien sabe puede hacer más cosas, sino en el sentido más incómodo de que quien controla el saber controla también las condiciones en las que los demás viven. Pensemos en lo que ocurre con la información médica, con la información jurídica, con la información económica. El que no sabe qué derechos tiene es más fácilmente explotado; el que no entiende su propia enfermedad es más fácilmente manipulado; el que no comprende cómo funciona el sistema financiero es más fácilmente estafado. La ignorancia no es un estado neutro: es un estado que alguien aprovecha. Y por eso la educación, se ha convertido siempre en un campo de batalla político. No es casual que los regímenes autoritarios hayan puesto siempre un cuidado tan especial en el control de la escuela y de los medios de comunicación.

Frente a esto, la respuesta no puede ser solo individual. No basta con decirle a la gente «lee más» o «infórmate mejor», porque eso es trasladar al individuo una responsabilidad que es en buena parte colectiva. Se necesita, además, una política del conocimiento: escuelas que enseñen a pensar y no solo a memorizar, universidades que no se plieguen a la lógica del mercado, medios de comunicación que distingan entre informar y entretener, instituciones científicas que rindan cuentas sin renunciar a su autonomía. Y se necesita, sobre todo, una cultura pública que valore la honestidad intelectual como un bien en sí mismo, y no solo como un adorno.

Vivimos, se dice, en la sociedad del conocimiento. La expresión es tan repetida que ya casi no significa nada. Y sin embargo, hay algo en ella que merece la pena examinar, porque encierra una paradoja que define nuestra época: nunca hemos tenido tanta información disponible, y nunca ha sido tan fácil confundir la información con el conocimiento.

La información es un dato; el conocimiento es una estructura. La información es la noticia de que ha llovido; el conocimiento es entender por qué llueve, cuándo volverá a llover y qué hacer mientras tanto. La información se acumula; el conocimiento se organiza. Y la diferencia entre ambas no es un matiz académico, sino una cuestión de supervivencia cívica. Una sociedad que tiene mucha información y poco conocimiento es una sociedad vulnerable: sabe muchas cosas sueltas, pero no sabe qué hacer con ellas, y por eso está a merced del que le ofrezca un relato que las ordene, aunque ese relato sea falso.

A esto se añade el fenómeno de las cámaras de eco y de los algoritmos de recomendación, que tienden a mostrarnos lo que ya pensamos. Ortega y Gasset, que tanto desconfiaba del «hombre masa», habría visto en esto una confirmación de sus peores sospechas: la masa no es la gente sencilla, decía, sino el que se siente cómodo en su propia ignorancia y no admite que nadie le contradiga. Nuestros algoritmos, ay, están diseñados para producir precisamente eso: una masa de individuos convencidos de que ya saben lo que necesitan saber.

Frente a este panorama, la vieja consigna socrática vuelve a sonar con una urgencia nueva. No se trata ya solo de saber que no sabemos, sino de resistir la tentación de creer que lo sabemos todo porque lo hemos leído en una pantalla. La humildad epistémica, que en Sócrates era una virtud filosófica, se ha convertido en una necesidad democrática. Hay una idea que me parece especialmente fecunda y que quisiera dejar apuntada antes de terminar: la de que aprender no es una actividad que se hace en un momento de la vida y luego se abandona, sino un oficio que se ejerce mientras se vive. La escuela y la universidad son importantes, claro que sí; pero no son el principio ni el fin del conocimiento. Son, como mucho, el aprendizaje del oficio. Y ese oficio tiene sus reglas. La primera es la paciencia: no se puede aprender nada de verdad si se quiere aprenderlo todo de golpe. La segunda es la constancia: el conocimiento se construye por acumulación y por corrección, y ambas cosas requieren tiempo. La tercera es la disposición a equivocarse: el que no se equivoca nunca es porque no intenta nada nuevo. La cuarta es la generosidad: el conocimiento que no se comparte se marchita. Y la quinta, quizá la más importante, es la alegría. Porque aprender, cuando se hace bien, produce una alegría peculiar, que no se parece a ninguna otra: la alegría de entender algo que antes no se entendía, de ver una conexión que antes no se veía, de sentir que el mundo se vuelve un poco más inteligible.

Esa alegría es, a mi juicio, la mejor prueba de que el conocimiento es una necesidad humana y no solo una herramienta. No aprendemos únicamente para sobrevivir, ni para competir, ni para ascender socialmente. Aprendemos, también, porque no podemos evitarlo; porque somos animales que preguntan; porque la ignorancia nos duele, aunque no siempre sepamos decirlo. Fernando Savater ha insistido en esto con una claridad que comparto: educar no es llenar un recipiente, es encender una llama. Y la llama, una vez encendida, ya no se apaga fácilmente.

Termino con una reflexión que quizá peque de solemne, pero que me parece inevitable. Si el conocimiento es una necesidad y la ignorancia voluntaria un vicio, entonces el saber tiene una dimensión ética que no podemos ignorar. No me refiero a una moralina del tipo «hay que estudiar para ser alguien en la vida», que es la versión más pobre y más utilitaria del asunto. Me refiero a algo más hondo: a que el modo en que tratamos el conocimiento —el propio y el ajeno— dice mucho de la clase de personas y de sociedades que somos.

Una sociedad que respeta el conocimiento es una sociedad que respeta la verdad, aunque la verdad sea incómoda; que respeta la duda, aunque la duda desestabilice; que respeta al que sabe, aunque el que sepa sea un desconocido; que respeta al que no sabe, aunque el que no sepa sea un vecino. Y una sociedad que no respeta nada de eso está condenada a oscilar entre la credulidad y el cinismo, que son las dos formas modernas de la ignorancia.

No sé si el aborrecimiento de la ignorancia, tal como lo he descrito, es una virtud al alcance de cualquiera. Sospecho que no; sospecho que exige un esfuerzo sostenido y que la mayoría de nosotros solo lo conseguimos a ratos. Pero sí creo que vale la pena intentarlo, aunque sea por la razón más sencilla y menos noble: porque el mundo es más habitable cuando se entiende, y porque la ignorancia, al final, siempre acaba pasándonos factura. A nosotros y a los que vienen detrás.

Quizá por eso Sócrates, en el Fedón, dijo que la filosofía era un aprendizaje de la muerte. No porque el conocimiento nos libre de morir, sino porque nos enseña a vivir con los ojos abiertos. Y eso, me parece, es lo más parecido a una respuesta que puedo ofrecer a la pregunta que abría estas páginas.

Elecciones, elecciones y elecciones, Venezuela

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Antecedentes remotos y no tan remotos:

El Pacto de Puntofijo, ese mismo al que siempre se nombra, se extraña, se apela como el deber ser o receta legítima hacia una vuelta a la democracia, es un valor y también nuestra condena.

Su vigencia y no revisión oportuna convirtieron el Estado de derecho y orden de respeto a las libertades públicas en vetusto y sin respuesta.

Derivó en la guanábana, expresión de repartición del poder luego de las elecciones por partidos que aprendieron a convivir y otros que llegaron luego y se orbitaron en el esquema.

La perversión del estancamiento fue obvia: un país que hacía justicia por el surplus de la renta petrolera a través de subsidios. Que, en preservación de sus privilegios y su burguesía a la medida (que luego se acomodó a la medida de Chávez), le dio la espalda a los urgentes problemas nacionales, deslegitimando su naturaleza y fines.

Una vez que la riqueza petrolera se convirtió en endeudamiento, murio la justicia social y la democracia.

Mucha liba y mucho sibaritismo implicó “repensar el Estado”, reformarlo, torneos de intelectualidad y propósitos sin tangibles adaptaciones. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez la impulsó; hubo elecciones regionales, el país conoció nuevos políticos, más el desastre de una política económica radical que aún ahora se pretende vender, en apelación de nuestra amnesia crónica antropomórfica que padecemos: como ¡el milagro de los seis meses¡, que este personaje corresponsable por imprudente, dejarlo volver a asistir a mentarle la madre a la banca internacional, para de nuevo aislar financieramente a Venezuela, y de paso y colmo no liberar o reingeniar un sistema de garantías económicas que produzcan ese milagro económico de abajo hacia arriba, sin bravuconerias  narcisistas y con reglas claras para que el pueblo venezolano no dependa sino, por fin, emprenda.

¿Elecciones, elecciones, elecciones?:

Esta obsesión política masiva que de facto fue convalidante de la eternidad chavista es una expresión de la degeneración de Puntofijo y su alterabilidad eterna entre sus asociados.

Chávez encuentra a una clase política constituida por comerciantes, cuya misión pro servicio público quedaba en los cargos que ostentan. Ser político a la llegada de Chávez, y aún en la actualidad, era dejar de ser pelabola.

A Chávez le fue muy fácil controlarlo todo: estaba rodeado por adversarios donde todos tenían un precio.

La estrategia “preservó espacios y me cuento en elecciones así me las roben” es una posición de naturaleza mercantil, no política ni de vocación histórica, tremendamente antiética y el origen de la destrucción de Venezuela.

Elecciones como vengan, con muertos e islamistas radicales en el registro electoral, con las máquinas Smartmatic, con los mismos militares en el Plan República y los mismos esbirros merodeando y amedrentando los centros de votación. Increíble.

Rómulo, Jovito y Caldera —este último partero del acabose—, principalmente los dos primeros, jamás pensaron que su acuerdo histórico sufriría una metamorfosis y se convirtiera en el método “Chávez”, donde el chavismo tiene el garrote y los colaboracionistas priorizan el devorar los mendrugos de pan caídos de la mesa del poderoso. La actual negociación, su estilo, talante y resultados, no produce otra certidumbre que nos haga sospechar lo contrario.

Los Estados Unidos avanzan comprometidos en sus intereses. Saben lo que ignora esta clase política mercantil: no puede haber condiciones electorales en estas circunstancias. Normalizan el suministro de petróleo por urgentes razones geopolíticas, someten al chavismo hasta convertirlo en un miserable mandadero (bien hecho).

La colaboración y su incapacidad manifiesta, expresada en elecciones y nada más acá o allá, deja ver el bojote de su radical naturaleza mercantil, en suicidio de un pueblo que dicen representar pero al que se la tienen jurada a destruir, por acción y omisión desde 1999.

Ese pueblo que aún no se le ha puesto a pensar en la Venezuela postchavista, que ve no una reforma institucional sino otra planchitis.

Por medio del petróleo, Estados Unidos no se retira, no se cansa como unos insignes opinadores por ahí profetizan. Los Estados Unidos nos están dando una clase de manejo político excepcional y sin precedentes, con aplicación rigurosa de las lecciones aprendidas en las guerras eternas post 11 de septiembre. 

Este diálogo y las reacciones alteradas de aquellos que se resienten al descubrirse no presuntos herederos al trono es un simple proceso darwinista que busca, en base a leyes de selección natural, la desaparición de este hijo bastardo del Pacto de Puntofijo, los usufructuantes del método Chávez de la A a la Z.

Iremos a elecciones en condiciones, y no me extrañaría con otra generación política, pregúntenle a Blanco Fombona, a Gil Fortoul o a Emilio Arévalo Cedeño.

De la arbitrariedad al Estado de Derecho: claves para la reconstrucción del sistema de justicia venezolano

Jeferson Duran, abogado litigante y consultor jurídico venezolano especializado en derecho laboral, mercantil y civil. Además, es fundador y director del proyecto Ágora Digital y Coordinador Local de EsLibertad Venezuela.

“(…) se deben tomar en consideración aspectos elementales que conlleven a una transformación real y profunda y el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y las libertades individuales.”

Jeferson Duran

La pérdida de la institucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela no ha sido un hecho fortuito, por el contrario, es el resultado material de la implementación deliberada de políticas de Estado, planificadas y aplicadas para moldear el tejido social y controlar las libertades individuales de los ciudadanos.

Todo ello se enmarca en el modelo político e ideológico de corte marxista, que logró ocupar las funciones de gobierno, con la llegada de Hugo Chávez al poder. Si bien su proyecto prometía igualdad, respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico, posteriormente esas mismas premisas fueron la base de impulso de un proceso de transformación jurídica de carácter constituyente, cuyo resultado fue la derogación total de la Constitución vigente para la fecha, la cual desde su promulgación en 1961, constituyó la base jurídica, del denominado periodo de la democracia representativa, para así cimentar las bases del “Nuevo Estado Popular”, sustituyendo el principio de legalidad, por la voluntad del ideal político.

Como advierte Hayek (1944/2008), la esencia del Estado de derecho radica en que el gobierno se encuentra limitado en su accionar, por normas fijadas y anunciadas de antemano, concebidas para garantizar la libertad individual frente al poder coercitivo del Estado. No obstante, resulta común en líderes totalitarios, el impulsar transformaciones al sistema normativo vigente, ya que según su visión encarnan la voluntad popular, lo cual abre paso a distorsiones de carácter legal, que terminan por rediseñar un sistema jurídico, de control y no de protección de libertades.

A ello se le suma un factor sociológico determinante, tal como lo expone Carlos Rangel en su ensayo «Del buen salvaje al buen revolucionario», la tradición política hispanoamericana, de la cual Venezuela forma parte, ha gravitado históricamente en torno a la figura del caudillo, un líder mesiánico que no se somete al orden constitucional existente, sino que pretende encarnar la voluntad popular para refundar el Estado y legislar a su arbitrio (Rangel, 1976/2022). Estas ideas guardan relación con las críticas que hiciera Frédéric Bastiat (1850/2019), al denunciar la postura que asumen reformadores y legisladores, donde consideran a la humanidad como “una materia inerte que recibe del legislador la forma, la figura, el impulso y la vida” (p. 45), tratándola como arcilla destinada a ser moldeada a su arbitrio.

Posteriormente, se dio inicio al proceso de ingeniería social del nuevo ideal político, mediante la modificación o creación de normativas legales, que fueron deteriorando el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas, centralizando mediante procedimientos burocráticos, que lejos de proporcionar una justicia expedita y capaz de garantizar protección a los derechos elementales, significaban más restricciones sujetas a los intereses políticos del gobierno de turno.

De forma paralela, las sucesivas reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, progresivamente erosionaron la independencia de los jueces, transformando la tutela judicial efectiva en un mecanismo punitivo de persecución política. De igual modo se destaca la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) en 2004, la cual introdujo tipos penales ambiguos y sanciones administrativas discrecionales que restringieron severamente la libertad de expresión así como el cierre progresivo de medios televisivos, radiodifusoras y medios impresos. Según registros de la organización Espacio Público (2023), entre 2003 y 2022 cerraron en Venezuela más de 280 emisoras de radio, docenas de periódicos impresos y canales de televisión, consolidando lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2021) ha calificado como un ecosistema de censura y hegemonía comunicacional de Estado.

En el orden económico y derechos inherentes a la propiedad, la promulgación de leyes como la Ley de precios justos (2014), Ley de Expropiación por Utilidad Pública (2002) y Ley de Tierras (2001), anularon la libre iniciativa privada, se criminalizó el libre mercado y se expropiaron incontables empresas, bajo procedimientos judiciales cuestionables, sin la debida indemnización lo cual trajo como resultado el atraso y deterioro del sistema productivo.

De acuerdo con informes de la Confederación de Industriales de Venezuela Conindustria (2021), la aplicación de estos mecanismos coactivos, sumada a la inseguridad jurídica, provocó la destrucción de más del 70 % del tejido industrial del país, respaldando la advertencia del Property Rights Alliance (2023) en su Índice Internacional de Derechos de Propiedad, donde Venezuela figura de manera sistemática en las últimas posiciones a nivel mundial en cuanto a la protección legal de los activos individuales.

Pero la fase más crítica del entramado judicial de control, fue el diseño de leyes cuyo propósito es penalizar la disidencia y cualquier actividad u organización que promueva las ideas de la libertad. Encontramos como antecedente la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017), instrumento normativo el cual le otorga plena discrecionalidad al Estado para determinar que mensajes u opiniones dadas, en medios televisivos, redes sociales o manifestaciones cívicas ciudadanas se consideran como incitación e insurrección y sostener el mecanismo de persecución y represión. A este esquema se suma el proyecto de Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, el cual otorga al Estado la facultad discrecional de calificar y prohibir partidos políticos, organizaciones y discursos bajo una etiqueta ideológica ambigua, eliminando de facto el pluralismo político y garantizando el monopolio del pensamiento oficial.

Su aplicación y alcance pudo evidenciarse de manera grave, a los hechos acontecidos posteriormente a los resultados de la actividad electoral del 28 de julio del año 2024, dónde dentro de un proceso cuestionable lleno de irregularidades y arbitrariedades, se desencadenó una ola represiva jamás vista en la historia venezolana. El aparato estatal en complicidad con el sistema de justicia encarcelaron a más de 2.000 ciudadanos, bajo procedimientos arbitrarios que no respetaban las garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la defensa de un abogado privado. Como hecho sumamente grave en tiempos exprés se emitieron sentencias condenatorias con el máximo de años establecido en las leyes, y una uniformidad en los cargos “terrorismo” e “incitación al odio”.

Este panorama realmente alarmante logra cambiar de forma drástica con los acontecimientos suscitados el 3 de enero del año 2026. Con la captura de Nicolás Maduro y la apertura a un proceso de transformación institucional orientado al rescate de las libertades ciudadanas y la plena vigencia del Estado de Derecho, nos encontramos en una etapa actual donde se avizoran cambios al Sistema Judicial venezolano.

Como abogado en ejercicio, conocedor de primera fuente del funcionamiento y estructura de nuestro sistema de justicia, considero que resulta sumamente necesario un proceso de reingeniería judicial. Desde mi perspectiva profesional, una transformación real va más allá de la restructuración del Tribunal Supremo de Justicia. Como lo consagra el mandato constitucional (art. 253 CRBV), el sistema de justicia abarca de forma sistémica a los ciudadanos con capacidad para administrarla, los jueces de instancia y superiores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares de justicia, el sistema penitenciario y, fundamentalmente, a los profesionales del derecho.

En función de ello, resulta indispensable establecer nuevamente la meritocracia en el proceso de selección y ascensos de quienes integran el sistema judicial. Desde los jueces hasta el personal administrativo auxiliar, deben recaer en profesionales con una trayectoria profesional y académica reconocida, evitando que las lealtades políticas o cuotas de poder prevalezcan sobre la capacidad profesional. En los últimos años la designación de funcionarios judiciales ha correspondido en numerosos casos a profesionales identificados ideológicamente con el proceso, lo cual desdibuja la independencia y autonomía que debe caracterizar su actuación ético profesional. A propósito de ello, la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela (2021) concluyó que la “independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada” debido a las presiones políticas y a la falta de mecanismos transparentes de selección (p. 2), lo cual vulnera el mandato constitucional de imparcialidad.

Del mismo modo frente a la evidente arbitrariedad del Estado y la situación de indefensión a la cual se enfrentan los ciudadanos, en cuanto a la defensa y protección de sus libertades y derechos fundamentales, debe desarrollarse una jurisdicción especializada en materia de Derechos Humanos, cuyo propósito es brindar tutela judicial efectiva en asuntos donde el Estado, por cualquier conducta o arbitrariedad haya menoscabado o violentado derechos y libertades ciudadanas, ante lo cual debe responder jurídicamente y resarcir los daños ocasionados. Esto resulta sumamente elemental ya que en Venezuela es evidente que en aquellas situaciones arbitrarias donde se menoscaban derechos como el de la propiedad, libertad personal, derechos civiles y políticos no existen instancias especializadas por lo cual se debía acudir a organismos internacionales, los cuales no se caracterizan precisamente por su celeridad y el cumplimiento de las decisiones judiciales, cuyo cumplimiento queda sujeto a la discrecionalidad gubernamental, razón por la cual debe existir un mecanismo real y efectivo de control sobre el Estado, y no de este sobre los ciudadanos.

En igual medida, deben consolidarse las bases para una gestión judicial eficiente y dinámica mediante la digitalización integral del sistema. Métodos tradicionales como el uso de documentos en formato de papel, notificaciones presenciales por parte de los alguaciles y la exigencia de audiencias presenciales deben evolucionar hacia un entorno digital. La implementación del expediente digital, uso de firmas electrónicas, las citaciones vía correo electrónico y las audiencias telemáticas, bajo un sistema de gestión y funcionamiento continuo, puede traducirse en lograr la eficiencia operativa y la celeridad debida al momento de administrar la justicia. Esto permite un control y evaluación en tiempo real de los avances de los expedientes y el cumplimiento de los tiempos, así como evaluar las fallas y deficiencias que puedan presentarse y corregirse en tiempo real. Esto significa un impacto importante en el avance y desarrollo de nuestro sistema judicial.

Esta propuesta encuentra sustento en modelos internacionales que han demostrado la viabilidad operativa de la justicia digital. En Europa, el caso de Estonia representa el referente supremo a través de su plataforma centralizada e-File (e-Toimik). En dicho sistema, los expedientes son 100 % digitales, las partes notifican y consignan escritos en tiempo real con autenticación biométrica y firma electrónica, permitiendo que la información se ingrese una sola vez y sea accesible de forma transparente e inalterable para jueces, fiscales y abogados.

En el ámbito latinoamericano, República Dominicana constituye una experiencia sumamente ilustrativa. Con la promulgación de la Ley 339-22 y su reglamento, se facultó el uso de medios telemáticos para los procesos judiciales. Este modelo habilitó la firma digital cualificada para las decisiones de los tribunales, el acceso remoto y continuo al expediente electrónico, el envío de citaciones mediante un buzón digital con acuse de recibo automatizado y la celebración opcional de audiencias virtuales.

En síntesis, Venezuela ante una posible etapa de reconstrucción institucional y jurídica, se deben tomar en consideración aspectos elementales que conlleven a una transformación real y profunda y el restablecimiento pleno del Estado de Derecho y las libertades individuales, teniendo como bases leyes que realmente protejan y garanticen el respeto a libertades tan elementales como las civiles, el respeto a la propiedad privada, la libre iniciativa de mercado y ejercicio pleno y efectivo de los derechos consagrados en la Constitución, estableciendo límites claros y reales a las actuaciones del Estado, el cual debe quedar sujeto a ser meramente un garante de los mismos, y que ante cualquier acción y hechos derivados de sus instituciones que menoscaben o los vulneren, los ciudadanos puedan contar con un sistema al cual acudir para restablecer plenamente la vigencia de sus derechos.

Referencias

  • Asamblea Nacional Constituyente. (2017). Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.274 (Extraordinario), 8 de noviembre de 2017.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 36.860, 30 de diciembre de 1999.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001). Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.323, 13 de noviembre de 2001.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2002). Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.475, 1 de julio de 2002.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2004). Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38.081, 7 de diciembre de 2004.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2014). Ley Orgánica de Precios Justos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.340, 23 de enero de 2014.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2024). Proyecto de Ley Contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares. Discusión Parlamentaria.
  • Bastiat, F. (2019). La Ley (2.ª ed.). Ediciones Innisfree. (Obra original publicada en 1850).
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2021). Derecho a la libertad de expresión en Venezuela: Ecosistema de censura y hegemonía comunicacional. Organización de los Estados Americanos.
  • Confederación de Industriales de Venezuela [Conindustria]. (2021). Encuesta de Coyuntura Industrial: Situación del tejido productivo venezolano. Conindustria.
  • Congreso de la República Dominicana. (2022). Ley N.º 339-22 que regula el uso de los medios telemáticos para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. Consultoría Jurídica del Poder Judicial de la República Dominicana.
  • Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2021). Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/48/69). Organización de las Naciones Unidas.
  • Espacio Público. (2023). Situación general de la libertad de expresión en Venezuela: Informe anual 2022. Asociación Civil Espacio Público.
  • Hayek, F. A. (2008). Camino de servidumbre (3.ª ed.). Unión Editorial. (Obra original publicada en 1944).
  • Property Rights Alliance. (2023). International Property Rights Index 2023. Property Rights Alliance.
  • Rangel, C. (2022). Del buen salvaje al buen revolucionario. Editorial Criterio. (Obra original publicada en 1976). Republic of Estonia: Ministry of Justice. (s. f.). e-File system (e-Toimik): Centralised public e-service for court proceedings. Centre of Registers and Information Systems (RIK).

El Derecho a la Propiedad frente al Estado Patrimonialista Venezolano

Jeferson Duran, abogado litigante y consultor jurídico venezolano especializado en derecho laboral, mercantil y civil. Además, es fundador y director del proyecto Ágora Digital y Coordinador Local de EsLibertad Venezuela.

“(…) En su génesis republicana, aunque juristas y gobernantes venezolanos se inspiraron en el liberalismo clásico y los derechos civiles, la Nación conservó producto de su herencia hispánica el dominio sobre la minería, el subsuelo y las tierras baldías, asentando las bases del Estado propietario.”

Jeferson Duran

Para comprender el deterioro del derecho a la propiedad en Venezuela, resulta imprescindible desmitificar que la pérdida de esta garantía sea responsabilidad exclusiva del Socialismo del Siglo XXI. Nuestra historia republicana demuestra que este problema no surge únicamente en 1998 con la llegada de Hugo Chávez al poder, sino que es el resultado de dos siglos de un Estado heredero de la tradición regalista. Bajo un esquema estatista y patrimonialista, el poder público asumió el dominio absoluto de los recursos del subsuelo, bajo la premisa de ser el único encargado de su «justa distribución», asfixiando la generación de riqueza privada y el respeto a las libertades elementales.

Bajo las ideas del liberalismo clásico, tomando como referencia los postulados de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1689/2006), cada hombre es propietario de su cuerpo, de su trabajo y lo que producen sus manos y a lo cual nadie más tiene derecho de disponer que el mismo. Por ende, las instituciones del Estado deben velar por el respeto irrestricto de este derecho.

En su génesis republicana, aunque juristas y gobernantes venezolanos se inspiraron en el liberalismo clásico y los derechos civiles, la Nación conservó producto de su herencia hispánica el dominio sobre la minería, el subsuelo y las tierras baldías, asentando las bases del Estado propietario. Más tarde, a finales del siglo XIX, bajo una economía agroexportadora con un sector agrícola y comercial privado, la seguridad jurídica sobre la propiedad se mantuvo en permanente desequilibrio debido a la inestabilidad institucional, las guerras civiles, el saqueo de haciendas como botín de guerra y las arbitrariedades del caudillismo.

En el Siglo XX con el descubrimiento de la riqueza petrolera de nuestros suelos, se transformó de forma abrupta la relación entre el Estado y los ciudadanos. Al asumir el manejo de grandes fortunas derivadas de la renta petrolera, se dieron las condiciones óptimas para el desarrollo del Estado propietario e intervencionista en el cual se deposita la responsabilidad de distribuir a su discrecionalidad la riqueza, lo cual, lejos de beneficiar a la población, significó una alta dependencia por parte de esta a las dádivas estatales, dónde el ciudadano común no pudo ser partícipe de este sector generador de riqueza.

Durante el periodo de la Democracia representativa (1959-1999) dónde se modificó la Constitución Nacional, con el propósito de generar cambios profundos y garantizar los derechos fundamentales del ciudadano basados en los principios de socialdemocracia después de un periodo de más de cuatro décadas de dictadura y gobiernos militares, los mismos quedaron sujetos a la “función social” y la “utilidad pública”. Si bien a nivel de garantías y derechos hubo un relativo avance el modelo patrimonialista del Estado se conservó aún con más amplias facultades de intervención basados en el “interés nacional”.

El hito determinante de este periodo ocurrió en la década de 1970 con la estatización del Banco Central de Venezuela (1974) y la nacionalización de la industria petrolera (1975). Al reservar para el sector público la principal fuente de divisas y riqueza del país, el sistema político aisló al sector privado en actividades económicas secundarias, altamente reguladas y dependientes del subsidio, los créditos blandos y el proteccionismo gubernamental.

En su análisis sobre la cultura política hispanoamericana, el pensador liberal venezolano Carlos Rangel advirtió en El tercermundismo (1982) la raíz histórica de este fenómeno, dónde demuestra que el verdadero mal de América Latina no ha sido el capitalismo, sino el estatismo patrimonialista, heredado de la colonia y profundizado por los populismos. Si bien el petróleo no fue el origen del estado patrimonialista, le proporcionó fuentes de ingresos sin precedentes, por lo cual terminó de transformar el mercado, eliminando toda iniciativa de libertad y descentralización.

La consecuencia inmediata fue el deterioro progresivo de los derechos de propiedad, la supervivencia del sector empresarial dependía en gran medida del subsidio estatal, sumado a ello la crisis social y económica producto de políticas erradas y graves hechos de corrupción dieron pie a la llegada poder de Hugo Chávez, quien, lejos de cumplir sus promesas del respeto y fortalecimiento de la propiedad, diseñó una política de estado para neutralizar y atomizar cualquier elemento de empoderamiento ciudadano, contribuyendo a ello las bases ya diseñadas del modelo anterior basado en el patrimonialismo y la centralización.

A partir de 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder bajo un esquema de transformación social, donde la Asamblea Nacional Constituyente que convocó, modificó la constitución de 1961, dio origen a un texto constitucional (Constitución de 1999) que, si bien dentro de su contenido reafirmó y amplió derechos humanos civiles y políticos, la estructura del viejo Estado permaneció intacta, inclusive otorgando más facultades al Estado para intervenir en la vida nacional en aras de la “justicia e igualdad social”

Dicho texto normativo regula en su artículo 115 el derecho a la propiedad, la cual queda limitada a la utilidad pública como requisito para su expropiación, bajo un proceso de justa indemnización por los daños patrimoniales originados. Dicha utilidad pública queda a la discrecionalidad absoluta del Estado basándose en definiciones ambiguas y sin ningún sustento legal. Por su parte los Artículos 12, 302 y 303 blindaron y profundizaron la propiedad estatal, otorgando la reserva absoluta sobre los hidrocarburos y la industria petrolera, declarando los yacimientos como bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles. Esta duplicidad constitucional mantuvo al ciudadano despojado del dominio de las principales riquezas de la nación, al tiempo que otorgaba al Ejecutivo nacional una herramienta jurídica flexible para intervenir, regular y asfixiar la propiedad privada bajo el pretexto de la “soberanía económica” y el “interés colectivo”.

A la voz de “Exprópiese” el fallecido presidente Hugo Chávez en transmisiones directas de radio y televisión, en su programa Aló Presidente (Edición N.° 350, 2010), emitido entre 1999 y 2012 e intensificado en esta materia entre 2007 y 2011 durante su gobierno, convirtió la política de expropiación en bandera de su proyecto político. Allí al criterio más írrito y grotesco numerosos empresarios fueron despojados de sus bienes donde la utilidad pública se define con base en el interés del gobernante de turno, y lejos de cumplir el proceso ya plasmado en la Constitución ninguno de los propietarios fue debidamente indemnizado, por el contrario fueron perseguidos y encarcelados por denunciar estas arbitrariedades.

El deterioro de la seguridad jurídica en Venezuela se refleja de forma cuantitativa en los reportes del Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad (2018), que contabiliza más de 2.500 bienes expropiados o tomados por el Estado, afectando de manera directa e indirecta el entorno de más de 5.000 empresas. Esta política de vulneración sistemática coloca al país en el último lugar del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI 2022) siendo este un indicador global que evalúa la protección legal de la propiedad física e intelectual en el mundo. A nivel productivo, gremios como Conindustria (2019) y Fedeagro (2018) reportan la pérdida de más del 80% del parque industrial privado y la intervención de más de 5 millones de hectáreas agrícolas, evidenciando que la erosión del derecho a la propiedad fue destruyendo la capacidad productiva de la nación.

En materia Agrícola con la promulgación de la Ley de Tierras (2001) y su reforma radical en 2010, bajo está normativa jurídica la propiedad privada de la tierra fue eliminada, por tal razón grandes extensiones de tierra pertenecientes al Estado o las tierras expropiadas fueron cedidas a campesinos y productores bajo la modalidad de un certificado de uso (adjudicación). Bajo esta modalidad el Estado conserva la propiedad de la tierra, siendo el campesino un poseedor precario sin las plenas facultades que le concedería un título legítimo de propiedad, sin título transferible ni capacidad para acceder a crédito privado, la subsistencia del campesino quedó supeditada a la tutela discrecional del funcionario de turno, destruyendo los incentivos para la inversión y colapsando el aparato productivo nacional. A esto se le suma que bajo la discrecionalidad estatal se estipula lo que puede o no producir el campesino, por lo cual si no cumple con la figura de “función social” diseñada como mecanismo de coerción el uso de la tierra era anulado y cedido a otro sin ningún tipo de indemnización por lo invertido, bajo estás condiciones se destruyó la iniciativa privada y la producción nacional fue en picada trayendo severas consecuencias al abastecimiento nacional.

En cuanto a la propiedad urbana, el éxodo campesino de mediados del siglo XX impulsado por el auge petrolero y el abandono del campo, derivó en la ocupación de terrenos baldíos en los principales núcleos urbanos del país, ante la falta de políticas de vivienda. La normativa civil respondió con el Título Supletorio, un documento judicial que sólo reconoce lo construido, pero no concede su propiedad ni la del suelo, el cual sigue en manos municipales. Las trabas burocráticas para adquirir dichos lotes imposibilitan la compra y dejan al ciudadano bajo la discrecionalidad de la autoridad local. Esta precariedad vulnera el derecho a la propiedad, impidiendo formalizar el hogar habitado por décadas o contar con mecanismos legales para su venta.

Esto se vincula a la tesis de De Soto (2000) sobre el capital muerto en su obra “El misterio del capital”, al despojar a los sectores populares de la propiedad plena sobre el suelo y restringir la titularidad de sus inmuebles. El Estado congela el valor de la vivienda informal, impidiendo que el esfuerzo de millones de familias se traduzca en activos financieros con capacidad de generar crédito, dinamizar la economía local y consolidar patrimonio real. A partir de 1999 bajo el modelo del socialismo del Siglo XXI, la política habitacional del gobierno fue estructurada con matices autoritarios de control social, donde de manera igual a lo que sucede con la repartición de tierras las viviendas son entregadas bajo adjudicación, solo puedes disponer del uso del bien más no eres su propietario legítimo, es decir el sistema convirtió al ciudadano en un arrendatario de la propiedad pública, para así garantizar fidelidad partidista, dicha figura puede ser despojada si el estado considera que no contribuyes o haces vida activa en el proceso político socialista.

Esta situación se agravó con el éxodo masivo de venezolanos que, desde 2017, migraron en busca de estabilidad frente a la crisis económica. Al intentar regresar, muchos propietarios descubrieron que sus bienes habían sido cedidos arbitrariamente por células comunitarias (consejos comunales), bajo el alegato ideológico de que la ausencia justificaba la entrega del inmueble a quien «realmente lo necesita». Impulsada desde el Estado, esta política de ocupación afectó igualmente al sector de arrendamiento inmobiliario y comercial, donde se criminalizó el desalojo y se favoreció la apropiación indebida en nombre de la «utilidad pública». En ambos escenarios, los propietarios quedaron despojados sin resarcimiento patrimonial y expuestos a amenazas o persecución al denunciar la arbitrariedad.

Dicha problemática, ilustra con claridad la advertencia de Hayek (1944/2007) en Camino de servidumbre. Para el autor austríaco, el control estatal sobre la asignación de los recursos productivos y la vivienda no solo destruye el sistema de precios como transmisor de información en el mercado, sino que somete inevitablemente la libertad individual al arbitrio del poder político. Al depender el ciudadano del beneplácito del funcionario público para conservar el uso de su tierra o de su techo, la seguridad jurídica desaparece y la propiedad se degrada de un derecho natural a una concesión política revocable.

En síntesis Venezuela requiere una transformación profunda para realmente dar seguridad jurídica en materia de propiedad, a mi criterio la figura de la Expropiación debe ser eliminada, los títulos de adjudicación precaria modificados por títulos legítimos de propiedad que permitan al ciudadano realmente generar valor y riqueza a partir de sus bienes, solo estas condiciones generan la confianza necesaria para atraer inversión e iniciativa comercial, lo cual contribuye de forma directa en la reconstrucción económica de Venezuela.

Referencias

  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  • Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial N.º 5.991 Extraordinario, 29 de julio de 2010.
  • De Soto, H. (2000). El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? El País / Aguilar.
  • Hayek, F. A. (2007). Camino de servidumbre: Textos y documentos (J. Vergara, Trad.; 2.ª ed.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1944).
  • Locke, J. (2006). Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Un ensayo concerniente al verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil (C. Mellizo, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1689).
  • Pereira Pizani, I., & Quiñones, R. (2012). Por un país de propietarios: El petróleo no tiene la culpa. CEDICE Libertad.
  • Rangel, C. (1982). El tercermundismo. Editorial Monte Ávila.
  • Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. (2018). Fedeagro y Cedice: Gobierno expropió más de 5 millones de hectáreas. Diario de Los Andes.
  • Confederación Venezolana de Industriales. (2019). Reporte sobre Conindustria: Desaparición del 80% del parque industrial venezolano. Infobae.
  • Land Portal. (2023). Contexto y Gobernanza de la Tierra en Venezuela (Cita a Fedeagro y Ley de Tierras).

Bases fundamentales para la fundación de la República Federal de Venezuela

Por Hildemaro Ferrer.

Con el propósito de superar la paralización de la administración pública, erradicar la demagogia, el caudillismo y la injerencia partidista, y encaminar a la nación hacia el desarrollo del primer mundo, se proclama la refundación del Estado bajo los siguientes principios inviolables:

1. Estructura Federal, Descentralización y Autonomía:

Autonomía Provincial y Municipal: Se reestablece la República Federal de Venezuela. Las provincias y concejos municipales gozarán de plena autonomía administrativa, política, fiscal y normativa.

  • Representación Uninominal: La elección de los cargos ejecutivos, legislativos y concejos municipales será estrictamente uninominal y sin suplencias, garantizando la responsabilidad directa del electo ante sus votantes.
  • Profesionalización de la Función Pública: El Poder Judicial, las instituciones públicas y los órganos de contrapoder (para-poderes) estarán integrados exclusivamente por profesionales de carrera sin militancia ni subordinación partidista, evitando la interrupción o atraso de la gestión pública ante cambios de gobierno. Los partidos  nacen de una asociación civil sin fines de lucro, y existirán solo 3 Partidos Políticos: uno de izquierda, uno de centro independiente y uno de derecha; se proscriben: el comunismo, fascismo, nazismo, autocrático, relativistas, colectivistas, ambientalismo, indigenismo, totalitarios, mercantilistas, anarquistas, entren otros.
  • Se crearán las cortes electorales parroquiales integradas por miembros no militantes de partidos políticos , uno por cada barrio, Urbanización, aldeas y caseríos según sean citadinos o rurales. Que entregaran sus tarjetas a cada uno de los participantes en elecciones populares directas y secretas que se designaran en segundo grado respectivamente. 

2. Sistema Fiscal Simplificado y de Impuesto Único Impuesto sobre la Renta (ISLR): Se establece un impuesto único, uniforme, universal y plano del 21% máximo, aplicable de forma exclusiva a las empresas privadas.

  • Impuesto a las Ventas (IV/IVA): Un impuesto a la venta final de bienes y servicios de un máximo del 7%, recaudado y administrado directamente por cada provincia. Que pagarán todos los venezolanos, empresas y extranjeros respectivamente. Fondo Privado Soberano (Modelo Noruego): Las empresas explotadoras de hidrocarburos, gas, energía y minería pagarán una regalía (royalty) máxima del 7%. Dichos fondos se destinarán íntegramente a un Fondo Privado de los Venezolanos, gestionado de forma técnica, independiente y blindado de cualquier injerencia política o partidista.

3. Régimen Monetario, Libertad de Cambio y Banca:

  • Nueva Moneda (El Peso Venezolano): Se crea el Peso Venezolano, cuya equivalencia legal y fija será exactamente igual a la centésima de gramo de oro fino, impidiendo la manipulación e inflación por parte del gobierno de turno.
  • Libertad de Circulación Monetaria: Se garantiza un sistema multimoneda donde cada ciudadano tendrá la libertad absoluta de elegir la divisa de su preferencia para cualquier transacción.
  • Encaje y Resguardo Bancario: La banca nacional mantendrá su capital suscrito y pagado respaldado en oro fino, dólares y euros depositados en la banca de Londres, protegiendo los depósitos y evitando el uso indebido de ejecuciones indebidas por parte de los accionistas bancarios. 

4. Derechos de Propiedad privada. Estado Neutro y Gobierno Limitado.

  • Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Se consagra la propiedad privada de forma irrestricta desde el subsuelo hasta el espacio aéreo, garantizando la plena titularidad y el respeto irrestricto a todos los contratos privados, tangibles e intangibles.
  • Gobierno Limitado y Estado Neutro: Se establece una democracia representativa estrictamente limitada, garantizando la neutralidad del Estado para proscribir la demagogia, los privilegios mercantilistas, los abusos corporativos y sindicales. Se establece el imperio de la ley sin privilegios a nadie.
  • Libertades Individuales: Imperativo del Estado de derecho absoluto, sin fueros ni privilegios para nadie, consagrando de forma plena las libertades individuales, económicas, políticas, morales e intelectuales.

Elecciones históricas en USA y su impacto en Venezuela

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Sin caer en números, posibilidades, encuestas y favoritismos, es de asumir que el gobierno de Trump está en el umbral de enfrentar el más importante cataclismo político de su segundo gobierno, y el opositor Partido Demócrata en ciernes de ejecutar su arrase electoral, donde se apodera del Congreso en ambas cámaras y de múltiples gobiernos locales y regionales. Esto los hace de pleno derecho socios del poder, a juro, muy a pesar de los deseos del presidente, pero socios al fin.

Es el mecanismo. Así ha trabajado en dos siglos y medio. Trump no irá en contra, y él mejor que nadie tiene su lección aprendida de lo ocurrido el 6 de enero de 2021.

El abrumador control demócrata establece la respuesta a una crisis más que constitucional, relativa a los usos y costumbres, a la manera de ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Trump no ha cometido —hasta ahora— nada ilegal, pero la radical naturaleza mercantil y monetarista de su estilo de gobernar ha prendido las alarmas de la nación y de sus aliados.

El descubrimiento y fascinación de la administración Trump de encontrar decididas similitudes mercantiles y monetaristas igualmente en la nomenclatura chavista, y sus acólitos opositores, han marcado el año 2026 para Venezuela. Lejos quedó cualquier expectativa de saneamiento institucional o control directo del poder por parte del tutor ocupante militar. Desechado Maduro y Cilia, era y es la hora de los negocios. Los socios venezolanos han sido descubiertos como serviles eficientes adoradores del dinero y el poder, por lo que pueden permanecer. El resto, veremos.

Esto implica que un cambio de socio (Gobierno) en Venezuela, hoy por hoy, no es parte de la agenda de Trump. Es muy posible que en el nuevo reparto del poder los demócratas consientan que la política venezolana trazada por la Casa Blanca continúe, con concesiones proclives a cierta transparencia de los dineros habidos y por haber, y blandengue presión demócrata por algún aceleramiento para nombrar TSJ y CNE. 

Ah, pero también faltarán normas, instructivos y reglamentos que se llevarán el 2027 en hacerse. Quiere decir “no elecciones”, eventualmente, para dolor del grupo político que muy mal supuso que eran a ellos a quienes les tocaba ocupar los salones del éxtasis del mirafloreo. Pues no: después del 3 de enero, no fue así.

Los demócratas tendrán que auditar algunas cosas, pero no derribar lo que Trump ha venido haciendo de fondo en Venezuela. El concepto que otorga inmunidad donde los intereses partidistas en el norte convergen, se respetan y colaboran se conoce como: seguridad nacional. El petróleo es un bien considerado de importancia en la preservación de la seguridad nacional. Venezuela es petróleo. Venezuela y lo hecho allí pertenece a dicha esfera de protección e inmunidad, que no se puede arriesgar en permitir gobiernos cabreados y contestatarios. Delcy y su exsancionado hermano demostraron ser viables a los objetivos perseguidos por Estados Unidos. Se quedan. Punto.

La crisis en el Medio Oriente refuerza esta posición. Los poderes nombrados por el diálogo serán producto de la actual encerrona. El pacto de Mar-a-Lago es totalmente arepresentativo, pero el necesario a los intereses de la superpotencia.

Estados Unidos conoce a fondo el contubernio entre chavistas y asambleístas 2015. Para muestra un botón: el caso de defensa venezolana en las cortes donde se buscaba liquidar a Citgo, conocidos en el ambiente legal local como las “Venezuelas”.

¿Todo lo anterior algo gatopardiano, verdad? Absolutamente. Esto es lo que hay.

La Constitución de 1811 y las 5 reformas: el camino hacia la Venezuela republicana e independiente

Por Hildemaro Ferrer.

Aunque la historiografía suele calificar muchos de nuestros textos constitucionales como simples reformas adaptadas a las coyunturas de los gobiernos de turno, en la práctica formal Venezuela ha promulgado 26 constituciones a lo largo de su historia republicana, derogadas sucesivamente una tras otra:

1. 1811: Constitución Federal de los Estados de Venezuela (Primera de Hispanoamérica).
2. 1819: Constitución del Estado de Venezuela (Congreso de Angostura).
3. 1821: Constitución de la República de Colombia (Carta de Cúcuta, período grancolombiano).
4. 1830: Constitución del Estado de Venezuela (Tras la separación de la Gran Colombia).
5. 1857: Promulgada bajo la presidencia de José Tadeo Monagas.
6. 1858: Promulgada en Valencia tras la Revolución de Marzo.
7. 1864: Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (Consagra el federalismo tras la Guerra Federal).
8. 1874: Reforma impulsada por Antonio Guzmán Blanco.
9. 1881: Reducción de estados y creación del Gran Consejo Federal.
10. 1891: Promulgada durante la presidencia de Raimundo Andueza Palacio.
11. 1893: Aprobada tras la Revolución Legalista de Joaquín Crespo.
12. 1901: Promulgada al inicio del gobierno de Cipriano Castro.
13. 1904: Modificación del mandato presidencial y del ordenamiento territorial.
14. 1909: Primera constitución del régimen gomezista.
15. 1914: Estatuto Constitucional Provisorio.
16. 1922: Reforma del régimen gomezista.
17. 1925: Modificación de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
18. 1928: Prohibición explícita de la propaganda comunista.
19. 1931: Ajuste para la separación de cargos entre la Presidencia y la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas.
20. 1936: Promulgada bajo el gobierno de Eleazar López Contreras.
21. 1945: Reforma aprobada bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita.
22. 1945 (Estatuto Provisional): Decretado por la Junta Cívico-Militar dirigida por Rómulo Betancourt, Carlos Delgado Chalbaud y el Capitán Mario Vargas (donde Marcos Pérez Jiménez ejerció como Jefe del Estado Mayor).
23. 1947: Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente; estableció el voto universal, directo y secreto.
24. 1953: Promulgada durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez.
25. 1961: Constitución de la República de Venezuela (Vigente durante 38 años de democracia representativa).
26. 1999: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Impulsada por Hugo Chávez y aprobada vía referéndum).

El rescate del espíritu de 1811

De este catálogo de cartas magnas, la Constitución Federal de 1811 solo tuvo una vigencia efectiva de aproximadamente cinco meses (hasta mayo de 1812), cuando la Primera República cayó tras la pérdida del Castillo de Puerto Cabello, bajo el mando del entonces Teniente Coronel Simón Bolívar, y la posterior capitulación del Generalísimo Francisco de Miranda.

Aunque el Congreso de Angostura en 1819 dictó un nuevo texto, la Carta Magna de 1811 no fue formalmente proscrita en sus principios esenciales, sino que quedó latente en el acervo documental republicano. Ese texto encarnaba el liberalismo clásico y el federalismo que impulsaron el desarrollo institucional de las naciones más prósperas de Occidente.

De la resistencia a la propuesta republicana

Frente a la hegemonía del modelo socialista, responsable de crisis humanitarias y persecución política a lo largo de Hispanoamérica, desde el año 2003 articulamos esfuerzos que se consolidaron entre 2005 y 2015. Nos organizamos como un movimiento de liberalismo clásico, conservadurismo político y autonomismo desde Maracaibo (Zulia), Caracas y otras regiones del país.

Debido a la sistemática persecución del régimen castrochavista, en 2015 impulsamos el Proyecto Liberal de América Latina, presidido por el profesor Alberto Mansueti, con el objetivo de consolidar una alternativa de contrapeso frente al Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Socialista.

Nuestra propuesta: la restitución de 1811 y las 5 Reformas

Proponemos la restitución de los principios fundamentales de la Constitución Federal de 1811, complementada con 5 Reformas estructurales:
1. Reforma Política y del Estado: Reducción del tamaño del Estado y descentralización efectiva.
2. Reforma Económica, Financiera, Fiscal y Monetaria: Libre mercado, propiedad privada plena y disciplina fiscal.
3. Reforma Educativa: Libertad de enseñanza y sistema de vouchers o cheques escolares.
4. Reforma de la Salud y Medicina: Des monopolización del sistema sanitario y libre elección del usuario.
5. Reforma de Pensiones y Jubilaciones: Transición hacia Fondos Privados de Capitalización Individual, complementados con un Fondo Sovereign de Regalías, al estilo del modelo noruego, que distribuya directamente a los ciudadanos los excedentes derivados del petróleo, gas y minerales.
6. En cuanto a la Gran Devolución, se requiere necesariamente de que el Estado venezolano regrese todas las propiedades privadas que arbitrariamente despejo a sus legítimos propietarios de ayer hasta hoy en cuanto a la cadena legitima de descendientes de aquellos que desaparecieron de este plano terrenal. 

Es tiempo de abandonar el estatismo e iniciar el verdadero cambio político, económico y social que Venezuela y toda Hispanoamérica demandan.

La libertad como hecho político

Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.

“(…) la política representa la herramienta que surgió en la sociedad para gestionar nuestras diferencias sin matarnos. Es decir, constituye la alternativa civilizada a la ley de la selva..”

Oriana Aranguren

Imagina a una persona viviendo sola en una isla desierta, en medio del océano. Allí posee una autonomía absoluta sobre sus acciones: puede caminar hacia donde guste, gritar al viento o callar durante días. Nadie le dicta normas, nadie le exige tributos ni cuestiona sus elecciones. Y, sin embargo, en ese aislamiento, el concepto «Libertad» carece de sentido. Quiero decir, sí, existe la posibilidad física de hacer lo que quiera, dadas sus circunstancias —la mera supervivencia—, pero la libertad en su sentido más humano precisa de un escenario distinto, dado que nace en el instante en que aparece el otro, cuando dos o más voluntades se cruzan y descubren que deben compartir el mismo espacio, los mismos recursos y el mismo horizonte. Es ahí donde la libertad deja de ser una abstracción para transformarse en un desafío, uno que se llama «política».

A menudo contemplamos la política con un celo justificado. La asociamos con palacios de gobierno, maquinarias burocráticas, discursos vacíos y luchas encarnizadas por el poder. Esta mirada escéptica resulta comprensible ante los abusos que han marcado la historia humana. Pese a ello, en su raíz más limpia, la política representa la herramienta que surgió en la sociedad para gestionar nuestras diferencias sin matarnos. Es decir, constituye la alternativa civilizada a la ley de la selva. En lugar de resolver las discrepancias mediante la fuerza bruta del más apto, la política abre un espacio de palabra, acuerdo y deliberación. Sin política, la libertad de unos se convierte de inmediato en la condena de otros; pero con política legítima, la libertad busca convertirse en un derecho garantizado para todos.

Esto quizá choca con la tentación recurrente de percibir a las leyes y a las instituciones como cadenas que sofocan la autonomía individual, y ciertamente las normas imponen límites y condicionan ciertas decisiones cotidianas. No obstante, si reflexionamos un poco nos daremos cuenta que la libertad necesita fronteras claras para no autodestruirse. Sin un marco institucional que proteja a los débiles y contenga los excesos de los poderosos, la libertad se reduce al privilegio de unos pocos. Por ejemplo: un semáforo en una esquina transitada parece una restricción cuando la luz está en rojo, pero en realidad permite que miles de vehículos circulen con seguridad sin colisionar. De manera análoga, los acuerdos políticos trazan los rieles sobre los cuales la libertad individual puede desplegarse sin temor a la violencia ajena.

Para comprender la riqueza de este vínculo, conviene explorar las dos caras fundamentales que componen la libertad cotidiana. Por un lado, necesitamos la tranquilidad de que nadie interfiera de manera arbitraria en nuestras decisiones íntimas: qué pensar, en qué creer, a qué dedicarnos o cómo construir nuestro proyecto vital —esta dimensión nos resguarda del control sofocante del Estado o de la mayoría moral de turno—. Por otro lado, la simple ausencia de prohibiciones resulta insuficiente si carecemos de las condiciones materiales y sociales para actuar, que se ven truncadas cuando el Estado interviene activamente en cada ambito de la vida de los ciudadanos —porque si va a existir, al menos debería solo promover los medios activos que permiten a cada individuo materializar sus capacidades reales, que es: defender la libertad y la propiedad de los ciudadanos—.

Precisamente por esto es peligroso que el ciudadano se repliegue hacia la esfera estrictamente privada —que, en la Grecia antigua es precisamente lo que definía al «idiota»—, porque pone en riesgo su libertad. Cuando la población desatiende los asuntos públicos y considera que la política es un territorio ajeno o sucio, genera un vacío peligroso que tienden a ser ocupados rápidamente por grupos de interés, sectores autoritarios o élites dispuestas a decidir por el resto. Por ello, la apatía ciudadana es el suelo más fértil para la tiranía. Mantener viva la libertad exige una actitud de custodia constante, una disposición a participar, cuestionar y vigilar las decisiones de los gobernantes. De hecho, la libertad privada se sostiene, en última instancia, sobre el pilar de la responsabilidad pública. Quien renuncia a la política termina aceptando que otros diseñen el marco de su propia existencia.

Asimismo, la política saludable exige abrazar la pluralidad como un valor enriquecedor y no como una amenaza. Una sociedad libre jamás será uniforme ni monolítica. La diversidad de opiniones, estilos de vida, prioridades y visiones del mundo es la consecuencia natural de permitir que las personas piensen por sí mismas. El conflicto de ideas resulta inevitable en cualquier comunidad abierta. La clave del éxito político reside en canalizar ese desacuerdo a través de vías pacíficas y mecanismos democráticos. La negociación, el debate respetuoso y la búsqueda de consensos provisionales permiten que posturas opuestas convivan sin destruirse. La verdadera libertad política se mide por el grado de seguridad y respeto que otorga a las voces disidentes y a las minorías.

A lo largo de la historia se percibe con claridad que la libertad dista de ser un objeto estático conquistado de una vez y para siempre, más bien funciona como un organismo vivo que requiere cuidado constante, oxigenación y renovación. Cada época trae consigo nuevos desafíos: avances tecnológicos que amenazan la privacidad, desigualdades económicas que algunos consideran un problema y quiebran la cohesión social, o discursos polarizadores que erosionan la confianza mutua. Frente a estas amenazas, la política permite que la comunidad ajuste sus normas para proteger la dignidad humana, que se consigue solo protegiendo la libertad. Por ello, defender la libertad en este siglo implica involucrarse activamente en los debates públicos, exigiendo instituciones transparentes, educación de calidad y espacios reales de participación.

En conclusión, la libertad y la política forman un binomio inseparable. Separar la autonomía personal de la vida comunitaria representa un espejismo insostenible. La libertad cobra verdadero significado cuando nos reconocemos como seres interdependientes, capaces de moldear juntos el destino de la sociedad que habitamos. Al asumir nuestro papel como actores políticos, protegemos nuestra capacidad individual de elegir y, al mismo tiempo, honramos la promesa de un mundo donde cada persona pueda desarrollarse, en función de sus decisiones. Ser libre es, en última instancia, asumir la responsabilidad compartida de construir y cuidar el hogar común.