“(…) en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad”

Oriana Aranguren

Es una creencia común en las sociedades occidentales de que la movilidad social y la prosperidad económica de una persona se fundamenta en el trabajo duro, la innovación y la libre empresa. Y en buena medida es cierto. Pero muchas veces se pretende defender ello en un marco en el que no se critica un obstáculo cada vez más formidable y, a menudo, subestimado, que se interpone en el camino de millones de aspirantes a emprendedores y trabajadores, a saber: el laberinto de las licencias ocupacionales —impuestas por el Estado bajo el estandarte de la “protección del consumidor”, en el que el mismo pretende acreditar alguna profesión, exigiendo que los individuos obtengan un permiso gubernamental para ejercerla—.

Para algunos, la justificación estatal de las licencias profesionales que emite parece loable, por lo cual no lo critican, o incluso lo exigen, pero un análisis riguroso revela una realidad que contradice dicha postura, ya que, lejos de ser un escudo para el público, ese sistema de licencias profesionales se ha convertido en una herramienta de proteccionismo que limita la competencia, infla los precios y, lo más preocupante, erige una barrera sistémica que restringe el acceso a oportunidades laborales, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos y a los emprendedores. De esta manera, se convierte en una especie de “costo invisible” que frena el dinamismo económico y socava el principio fundamental del derecho a ganarse la vida.

La lógica estatal detrás de las licencias profesionales es simple y seductora: garantizar que las personas que quieren ejercer algún trabajo posean un nivel mínimo de competencia y ética, protegiendo así a los consumidores de daños físicos o fraudes financieros. Y es seductora porque, a simple vista, nadie discutiría la necesidad de licencias rigurosas para profesiones médicos, pilotos de aerolíneas o ingenieros nucleares, donde el riesgo de un error es catastrófico y la asimetría de información entre el proveedor y el cliente es bastante grande. No obstante, es necesario señalar que el problema no reside en la existencia de la licencia en sí, sino en su expansión descontrolada y a menudo ilógica a un espectro cada vez más amplio de ocupaciones de bajo riesgo. De hecho, en las últimas décadas, el número de empleos que requieren una licencia en EE. UU., por ejemplo, ha pasado de aproximadamente el 5% de la fuerza laboral en la década de 1950 a más del 20% en la actualidad, abarcando oficios tan dispares como floristas, decoradores de interiores, guías turísticos, maquilladores y trenzadores de cabello[1].

Es en esta expansión donde la justificación de la “protección del consumidor” comienza a desmoronarse, pues resulta difícil argumentar de manera creíble que un arreglo floral mal ejecutado o una elección de cortinas poco estética representen un peligro significativo para la salud y la seguridad pública. Así, se muestra como los requisitos para obtener estas licencias a menudo parecen arbitrarios y desproporcionados con respecto a cualquier riesgo plausible; por ejemplo, en varios estados de EE. UU., los trenzadores de cabello africano, una técnica ancestral con riesgos mínimos, han tenido que completar cientos, y a veces miles, de horas de formación en cosmetología general —la mayor parte de las cuales son irrelevantes para su oficio— y pagar miles de dólares en matrículas y tasas de examen[2]. Lo cual nos hace inferir que estos requisitos no protegen a los clientes, más bien protegen a las escuelas de cosmetología y a los cosmetólogos con licencia de la competencia de un servicio especializado y a menudo más asequible.

De hecho, el estudio citado explica como muchas veces las regulaciones han surgido por un grupo de profesionales que los exige para limitar la competencia, lo cual es a su vez aceptado por los políticos para asegurarse ciertos impuestos de dichos grupos[3]. De este modo, aseguran ganancias extraordinarias, en la medida en que son superiores en comparación a las de un mercado libre, en donde las personas tienen menos limites de entradas y es la oferta y la demanda, mediada por la competencia, quienes se encargan de regular a los trabajadores, desechando a quienes no presten un servicio de calidad a un buen precio.

Este fenómeno es un ejemplo clásico de lo que los economistas denominan “captura regulatoria”, que refiere a cuando los grupos de interés de una industria —en este caso, los profesionales ya establecidos— influyen en los organismos reguladores y en los legisladores para que creen normativas que les beneficien directamente. Al presionar por requisitos de licencia onerosos, los titulares del mercado logran un objetivo primordial: limitar la oferta de nuevos competidores, erigiendo, como ya se mencionó, barreras de entrada costosas y que consumen mucho tiempo, crean un cartel sancionado por el gobierno, mientras que dichos profesionales existentes pueden disfrutar de salarios más altos y una base de clientes más segura, no necesariamente por ser más competentes, sino porque el gobierno ha eliminado artificialmente a sus potenciales rivales. Entonces, la supuesta “protección del consumidor” se convierte, en la práctica, en una “protección del productor” —así es como se crean los monopolios que tanto critican, de hecho, por lo cual su discurso es doble moral—, porque se tienen productos más caros, no necesariamente mejores, y se limitan de opciones al consumidor[4].

Empero, más allá de la inflación de precios, estas barreras de entrada sofocan la innovación y el dinamismo empresarial. Si partimos de la idea de que los emprendedores son, por naturaleza, agentes de cambio que introducen nuevos modelos de negocio, tecnologías y métodos más eficientes, al existir un régimen de licencias rígido se petrifica una industria en sus prácticas existentes —se vuelve estático—. Y es que, si las regulaciones dictan con precisión cómo se debe realizar un servicio o qué herramientas se pueden utilizar, basados en los métodos de hace décadas, o de ahora, un innovador con un enfoque disruptivo y más eficiente puede encontrarse legalmente excluido del mercado, puesto que choca frontalmente con estas regulaciones en su campo de trabajo.

No conforme con lo anterior, los efectos económicos negativos, el sistema de licencias profesionales ataca directamente la raíz de la movilidad social, porque para las personas de bajos ingresos, esas profesiones que a menudo requieren licencias —oficios manuales, servicios personales, cosmética, entre otros— representan tradicionalmente sus primeros peldaños para escalar en su situación financiera, ya que son trabajos que no siempre exigen un título universitario de cuatro años, pero que ofrecen un camino hacia la autosuficiencia y la creación de un pequeño negocio. Pero las licencias convierten estos peldaños en muros, en procesos costosos en tiempo y dinero, que son recursos con los que muchas veces no cuentan, por lo cual, en la práctica, se les prohíbe salir de su situación.

En esta línea, probablemente los más afectados sean los inmigrantes, ya que a menudo llegan con habilidades y experiencia valiosas de sus países de origen, pero se encuentran con que sus credenciales no son reconocidas, viéndose obligados a volver a capacitarse desde cero, a un costo enorme, para poder ejercer el mismo oficio en el que ya son competentes. También, ¿Qué decir de las licencias que son emitidas en un estado y no son reconocidas en otros, aún dentro del mismo país? En este sentido, encontramos, por ejemplo, que una licencia de cosmetóloga o enfermera obtenida en Texas puede no ser válida en California, lo cual limita sus opciones y/o obliga a la persona a volver a pasar por todo un proceso costosos de recertificación con cada mudanza, creando lagunas de desempleo y una pérdida significativa de ingresos.

Frente a este panorama, es imperativo reconsiderar el enfoque regulatorio, no con la intención de eliminar totalmente el régimen de licencias, sino para que se adopte un principio de regulación menos restrictiva con actividades que no lo requieran, porque el mercado siempre ofrecerá alternativas más inteligentes y menos gravosas que pueden proteger a los consumidores sin aniquilar las oportunidades económicas. De hecho, siguiendo esta misma idea, sería bueno preguntarse: ¿Es necesaria, estrictamente, la regulación estatal en cuanto a las licencias profesionales, o podría dejar de preocuparse por ello y que sea el mismo mercado que cree un sistema de acreditación de competencias a quienes lo requieran? Puede que esta segunda opción no presente los mismos problemas que cuando el Estado interviene. Podría apelarse a un sistema en el que, a diferencia de las licencias otorgadas por el Estado, que son obligatorias para ejercer legalmente, la certificación sea voluntaria, permitiendo a los profesionales demostrar su competencia a través de un examen o una evaluación por parte de una entidad reconocida —gubernamental o privada—, obteniendo así un sello de aprobación que pueden publicitar. Lo dejo a mera reflexión[5].

Otra opción podría ser un registro simple, en el que los profesionales simplemente informan al Estado de su nombre e información de contacto, sin necesidad de cumplir requisitos previos de formación o examen —lo cual permitiría al Estado mantener una lista de proveedores a la que los consumidores pueden recurrir en caso de fraude, facilitando la acción legal, pero sin impedir que nadie entre en el campo—, o simplemente se podría apelar a un sistema de reputación al estilo de plataformas de reseñas como Yelp, Google Reviews o Angie’s List, que han demostrado ser una herramienta de protección al consumidor extraordinariamente potente, ya que la reputación se convierte en el activo más valioso de un profesional.

En suma, el punto a destacar es que el entramado de licencias ocupacionales, aunque nacido de una intención protectora —o al menos eso dicen, porque podemos dudar de sus intenciones—, se ha transformado en una de las barreras más significativas y sigilosas para la movilidad social y la prosperidad económica en la era moderna, en cuanto impone costos invisibles que se manifiestan en precios más altos para todos, una menor innovación y, lo más trágico, en puertas cerradas para aquellos que más necesitan de esa oportunidad de abrirse camino en mejorar sus finanzas.

Con esto en mente, podríamos decir que desmantelar las licencias innecesarias y sustituirlas por alternativas más inteligentes y menos restrictivas, más que una propuesta radical de desregulación, se convierte en un imperativo de justicia, porque, en el fondo, se trata de devolver el equilibrio, de asegurar que la protección del consumidor no sea un pretexto para el proteccionismo de la industria, que el acceso al mercado sea fácil y no un privilegio otorgado por el Estado a unos pocos, y, en suma, de que se reafirme el derecho de cada persona a ganarse la vida y a perseguir un futuro mejor para sí y los suyos.

[1] Ver el estudio —en inglés— realizado por Nicholas A. Carollo, et al. 2025. The origins and evolution of occupational licensing in The United States. Publicado por Nacional Bureau of Economic Research. En: https://www.nber.org/papers/w33580 (Cit. 30/06/2025). Pág. 3. En el texto se explica que este crecimiento se debe tanto a la creación de nuevas leyes para más ocupaciones como a los cambios en la composición del empleo hacia sectores más regulados. Históricamente, las licencias comenzaron en profesiones como la medicina y el derecho, pero durante el siglo XX se expandieron a casi todos los demás sectores, desde servicios personales hasta la construcción (pág. 17).

[2] Ibidem. Págs. 5, 39.

[3] Ibidem. Págs. 3, 5-7, 11, 13, 33. Muchas veces, se pide la licencia para aumentar los costos de entrada —disminuyendo la oferta de trabajadores— y aumentar la demanda de los consumidores si perciben que garantiza una mayor calidad o seguridad, aumentando así las ganancias de las personas que cuentan con las licencias profesionales.

[4] Estudios de instituciones como el Brookings Institution y el Institute for Justice han demostrado consistentemente que las ocupaciones con licencias más onerosas tienen un crecimiento laboral más lento y salarios más altos para los titulares, pero a costa de precios más elevados para los consumidores. Por lo tanto, el sistema de licencias actúa como un impuesto regresivo oculto, porque las familias de ingresos medios y bajos, que son las más sensibles a los aumentos de precios, terminan pagando más por servicios básicos —corte de cabello, fontanería, entre otros—. Nuevamente, como ya se mencionó, el sistema diseñado para “protegerlos” termina por mermar su poder adquisitivo. Al respecto, ver: C. Jarrett Dieterle y Shoshana Weissmann. The licensing logjam. Publicado en Nacional Affairs. En: https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-licensing-logjam (Cit. 30/06/2025).

[5] Un ejemplo que podemos encontrar de ello son los mecánicos de automóviles certificados por la Automotive Service Excellence (ASE), en donde los consumidores son libres de elegir a un mecánico no certificado legalmente —de cara al Estado—, pero la certificación dada por el sistema les proporciona una señal de calidad fiable, permitiendo que el mercado, y no el gobierno, recompense la competencia. Puede encontrar el sistema en: https://es.ase.com/drivers (Cit. 30/06/2025).

“¿Podríamos dejar el modelo rígido, estático, lento, burocrático, que por naturaleza es el Estatal, donde el poder está concentrado (…), para pasar a sistemas de gobiernos policéntricos que respondan mejor al orden extenso, por naturaleza complejo, de la sociedad?”

Oriana Aranguren

En un mundo que sigue apostando por la intervención estatal en cada aspecto de nuestra vida, y ahora más con el tema del ciberespacio, en nombre de nuestra “seguridad”, las personas ignoran que el orden espontaneo siempre crea el escenario para que los problemas de la comunidad se resuelvan de la mejor manera, sin necesidad de un órgano director. Una muestra de ello es que, de hecho, ese vasto y a veces caótico mundo digital ha catalizado la formación de nuevas modalidades de interacción y organización social que desafían los paradigmas tradicionales de gobernanza y control estatal.

En el mundo digital, han proliferado comunidades en línea que han servido de base para que se constituyan ecosistemas sociales complejos que, para asegurar su viabilidad y cohesión, han debido desarrollar endógenamente sus propios sistemas de ordenamiento y autorregulación, unos que abarcan desde la formulación de normativas y la implementación de mecanismos de reputación hasta la creación de procesos para la resolución de disputas, operando predominantemente sobre la base del consentimiento voluntario de sus miembros, al margen de la intervención directa del aparato estatal.

Estos hechos demuestran que las estructuras de gobernanza en la era digital, emergentes, no constituyen meramente un fenómeno sociotécnico de interés, sino que representan un modelo funcional y observable de gobernanza descentralizada que sirve como otra evidencia de que la interacción entre seres humanos, espontáneamente, tiende a la coordinación a través de instituciones, normas que regulan la conducta en búsqueda de la paz.

Con esto en mente, en el presente ensayo se examinará cómo los principios de la acción humana, en sociedad, se manifiestan en el entorno digital, ofreciendo lecciones sustanciales para la teoría y práctica de la gobernanza más allá de la esfera virtual. Todo ello, a través del análisis de casos de estudio como Wikipedia, Reddit y los proyectos de software de código abierto (OSS).

La génesis del orden normativo en el entorno digital

Antes de todo, es bueno recordar que en cualquier interacción humana surge la necesidad de un marco normativo como respuesta a los problemas inherentes a la misma interrelación humana —comportamiento oportunista (free-riding), conflictos interpersonales, gestión de recursos compartidos, etc.—, por lo cual, en las comunidades en línea, donde muchas veces el anonimato puede exacerbar estas problemáticas, la creación de un orden normativo se convierte en una condición sine qua non para la sana convivencia.

No obstante, algo que resalta es que en diversos espacios este orden no se impone de manera exógena, ni a la fuerza, sino que emerge orgánicamente a partir de las interacciones recurrentes de los participantes, constituyendo así una manifestación del concepto de “orden espontáneo” al que hace referencia Friedrich Hayek en sus obras[1], donde la coherencia y la previsibilidad surgen de las acciones descentralizadas de individuos que siguen reglas de conducta autoimpuestas, o siguiendo con la tradición, repitiendo conductas en un periodo muy dilatado de tiempo, en lugar de un diseño centralizado.

Un ejemplo excepcional de lo mencionado es la plataforma Reddit, un espacio organizado en miles de foros de nicho denominados “subreddits”, en el que cada comunidad posee la autonomía para definir su propio ethos[2] y su propio código de conducta, al punto en el que nos podemos encontrar con que las reglas que gobiernan un subreddit dedicado al debate jurídico son cualitativamente distintas de las que rigen en un debate centrado en la fotografía analógica.

Esta especificidad contextual en la plataforma permite que las normas sean altamente eficientes y pertinentes, ya que son formuladas y aplicadas por los individuos más interesados en la calidad del discurso dentro de ese dominio particular: los propios usuarios, porque la legitimidad de las reglas no emana de una autoridad coercitiva, sino del consenso implícito de la comunidad, y la participación en el subreddit equivale a una aceptación tácita de sus normas. En este marco, quien no cumpla las normas puede ser sancionado de diversas maneras: la eliminación de un comentario, la expulsión permanente o “baneo”, u otras, siendo éstas aplicadas por moderadores voluntarios, miembros de la propia comunidad que se han ganado la confianza de la misma, o se han demostrado de valor para cumplir esa función—. No obstante, algo curioso es que, dado el escenario donde se desenvuelven los hecho —digital—, la eficacia de estos moderadores reside en el poder de la exclusión social, más que en la coacción física.

No conforme con reglas explícitas que se han desarrollado en el tiempo, la gobernanza en estas comunidades se apoya en un denso tejido de normas implícitas y “netiqueta”, que constituyen una forma de “ley blanda” —en inglés: soft law; que refiere al comportamiento cortés y respetuoso en línea— y se convierten en estándares de comportamiento que, aunque no codificados formalmente, ejercen una poderosa presión social y son internalizados por los miembros a través de la observación y la participación, facilitando una interacción fluida y reduciendo los costos de transacción social. Básicamente, es lo mismo que ocurre en la sociedad cuando dejan a los individuos desenvolverse libremente, y se traslada al mundo digital; si bien, como nuestra cotidianidad ya está impregnada de controles estatales, en muchos espacios se puede ver cómo el estatismo hace que las personas pierdan el respeto al otro, haciéndolos volver a sus más atávicos deseos[3], en comparación a esas sociedades dónde el control estatal no ha sido tan incisivo. En las redes podemos encontrar todavía este tipo de comunidades donde no llega el control estatal, por lo cual sirven para ilustrar el punto.

La reputación como capital social y mecanismo de gobernanza

En adición, también nos encontramos con que las comunidades digitales han debido instrumentalizar la reputación como un pilar central de su arquitectura de gobernanza, en vista de la ausencia de las señales de confianza presentes en la interacción cara a cara, siendo todo un sistema de reputación que digitaliza y cuantifica, por decirlo de alguna manera, el “capital social” de un individuo a la comunidad, lo cual, a su vez, sirve como un incentivo para el comportamiento prosocial y como un mecanismo para la distribución del poder de moderación —como mencionamos en el apartado anterior—.

En esta línea, nos encontramos con Stack Exchange, una red de sitios de preguntas y respuestas de alta especialización, que cuenta con un modelo de gobernanza meritocrática basada en la reputación, es decir, en la que los usuarios obtienen “puntos de reputación” cuando sus contribuciones son validadas positivamente por sus pares a través de un sistema de votos. Asimismo, la acumulación de reputación no es un fin en sí mismo, sino un medio para adquirir progresivamente derechos de gobernanza, ya que un usuario con una reputación baja solo puede participar de manera básica, mientras que un usuario con una reputación elevada adquiere privilegios significativos —como la capacidad de editar las publicaciones de otros, votar para cerrar o reabrir preguntas y/o acceder a herramientas de moderación avanzadas—.

Stack Exchange nos muestra de forma elegante que los intereses individuales se pueden alinear, en búsqueda de fines comunes —en su caso: respuestas acertadas—, más cuando, para ganar influencia y estatus —reputación—, un miembro debe contribuir de manera constructiva y precisa, mejorando así la calidad del recurso común —la base de conocimiento—. De esta manera, el poder de gobernanza se distribuye entre los miembros más competentes y confiables, que, esperablemente, son quienes tienen un interés creado en preservar la integridad del sistema, siendo un modelo de meritocracia distribuida que permite una moderación a gran escala y de alta calidad con costos económicos mínimos, demostrando una solución eficiente al problema de la gestión de los comunes digitales.

Al leer este apartado, puede que alguno diga que el fin es “tener poder” sobre otros, y puede que sea así, nadie lo niega, pero el punto es que, si ha de ser así, el poder se distribuye entre aquellos más interesados en mantener el sistema sano, y además cuenta con incentivos para ello. La pregunta es, entonces, ¿Preferimos un sistema de gobernanza que incentive a las personas a actuar moralmente, alineada con los intereses de sus comunes, o uno donde los moderadores pueden abusar de su poder, sin tener competencia alguna con otros, y, por si fuera poco, ha de esperarse cierta cantidad de tiempo para desalojarlos de allí —si es que acaso se dejan desalojarse—? Creo que la respuesta es lógica.

Resolución de disputas y aplicación de normas: la justicia descentralizada

Asimismo, en el mundo digital nos encontramos con plataformas en las que las comunidades, conformada por personas que tienen fines distintos, pero aún así se coordinan con otros, aún sin saberlo[4], han desarrollado estructuras cuasi-judiciales internas que operan con notable formalidad, con el fin de resolver conflictos y hacer cumplir sus normas de manera percibida como justa y legítima, manteniendo la viabilidad a largo plazo de la plataforma —todo ello es un sistema de gobernanza—.

Un ejemplo de ello es Wikipedia, la enciclopedia colaborativa que todos conocemos, pero muchos ignoran que tiene uno de los sistemas de resolución de disputas más evolucionados en la internet. Dada la naturaleza del proyecto, los conflictos editoriales son inevitables, pero, para gestionarlos, la comunidad ha establecido un proceso escalonado en el que el primer paso es siempre el diálogo directo en las páginas de discusión de los artículos, buscando el consenso. Si lo anterior falla, entonces los editores pueden recurrir a mecanismos más formales, como la solicitud de comentarios —Request for Comment, RfC— para recabar la opinión de la comunidad en general, o la mediación a través de foros específicos. Y para los casos de conflicto más graves o la mala conducta persistente de un usuario, existe un “Comité de Arbitraje”, que es un cuerpo en el que sus miembros son elegidos periódicamente por la comunidad de editores y funciona como la instancia judicial de última instancia de Wikipedia.

En lo que respecta al Comité de Arbitraje, el mismo funciona como un tribunal, pues, analiza las pruebas presentadas por las partes y emite decisiones vinculantes, que pueden incluir desde amonestaciones y restricciones temáticas hasta la prohibición total de participación en el proyecto. Así, el comité se convierte en un ejemplo de poder basado en el consentimiento, porque es de allí que recibe su autoridad para gestionar conflictos. El mismo, no posee medios coercitivos para imponer sus fallos, sino que su poder surge exclusivamente del respeto y la legitimidad que la comunidad en su conjunto le confiere, motivada por el objetivo compartido de proteger la integridad del proyecto.

De los comunes de Ostrom al código: el éxito de las instituciones

Lo explicado hasta el momento, junto con sus ejemplos, pasa desapercibido, pero muestra que las instituciones exitosas, que, al final, llegan para gestionar de forma sostenible los recursos de uso común, enmarcando la conducta, así como organizaciones exitosas, dependen de límites claramente definidos, la congruencia entre las reglas y las condiciones locales, acuerdos de elección entre los miembros que conforman la comunidad, el automonitoreo —los propios miembros se autorregulan y ayudan a regular a otros—, y las sanciones graduadas —en respuesta a contextos específicos y que se enmarcan en mecanismos de resolución de conflictos—. A ello se suma el reconocimiento mínimo de los derechos de organización —que, aunque a menudo dependen de una plataforma corporativa, las comunidades gozan de un grado de autonomía para autogobernarse—, y el hecho de que, sobre todo si la plataforma es demasiado grande, la gobernanza se organizada en múltiples capas, desde lo local a lo global.

Todos estos puntos mencionados conducen al concepto de “gobernanza policéntrica”, donde múltiples centros de toma de decisiones semiautónomos coexisten e interactúan para gestionar un sistema complejo que no da espacios para el caos ni el poder concentrado, sino que es una red policéntrica donde la autoridad se distribuye y se superpone, manteniendo la integridad del sistema. Otro ejemplo de ello son los proyectos de software de código abierto (OSS), como kernel de Linux o el ecosistema de Apache, que se desarrollan y mantienen gracias a la colaboración de miles de desarrolladores voluntarios distribuidos globalmente. Si bien, la gobernanza en estos proyectos a menudo se basa en una meritocracia técnica, donde la influencia se correlaciona con la calidad y cantidad de las contribuciones de código, pero las decisiones se toman a través de procesos deliberativos y sistemas de control, donde las solicitudes de cambios —en inglés: pull request— funcionan como propuestas legislativas que son debatidas, revisadas y finalmente aceptadas o rechazadas por los interesados en mantener el proyecto. En este sentido, existen licencias de software (ej. GPL, MIT) que actúan como constituciones fundacionales que establecen los derechos y obligaciones básicos de todos los participantes.

En este punto, cabe la pregunta: ¿Podría la sociedad tener sistemas de gobernanza como estos? ¿Podríamos dejar el modelo rígido, estático, lento, burocrático, que por naturaleza es el Estatal, donde el poder está concentrado —irrelevantemente de si la separación de poderes no fuera una ficción, porque, en última instancia, son “poderes del Estado”, que “conforman el Estado”, por lo cual son en sí mismos “el Estado”—, para pasar a sistemas de gobiernos policéntricos que respondan mejor al orden extenso, por naturaleza complejo, de la sociedad? Yo creo que sí.

El potencial de estos sistemas —entre muchos otros, porque podríamos hablar de de juegos MMORPG, de Organizaciones Descentralizadas Autónomas (DAOs, en inglés), comunidades de modding de videojuegos, Blockchain, o plataformas como Figsare o ResearchGate, en donde los científicos comparten datos y publicaciones de forma anárquica, sin perder la calidad científica—, demuestran empíricamente que la organización social a gran escala es posible sin una autoridad centralizada y coercitiva. Todas ellas, en sus diferentes campos, ofrecen pruebas para la innovación en mecanismos de deliberación, votación y reputación que podrían ser adaptados a otros contextos a nivel macro. Si ello no a avanzado hacia ese nivel es porque la misma regulación estatal, sumado al desconocimiento de la gente y la servidumbre voluntaria, no lo han permitido.

Conclusiones: de lo digital a la sociedad con un sistema policéntrico de gobernanza

De este modo, las comunidades en línea, lejos de ser espacios anómicos, es decir, sin leyes, se han revelado como prolíficos laboratorios para la experimentación en gobernanza voluntaria, esto es: anarquía, bien entendida, gracias a la creación endógena de reglas, sistemas de reputación y mecanismos de resolución de disputas que contribuyen al orden social funcional, adaptativo, dentro de la red, fundamentado en el consentimiento.

Los casos de Wikipedia, Reddit, Stack Exchange y el software de código abierto, entre otros, ilustran la viabilidad de modelos de gobernanza meritocráticos, distribuidos y policéntricos, proporcionando una validación empírica a las teorías Hayek y, en general, de la Escuela Austriaca de Economía, en donde la sociedad, en cuanto sistema complejo —que es lo que se sostiene desde el Creativismo Filosófico, apelando a la filosofía de sistemas y de procesos—, produce mecanismos para enmarcar la conducta humana y, con ello, se mantengan las bases del proceso civilizatorio, desafiando la presunción de que la gobernanza efectiva requiere ineludiblemente la centralización del poder y la coerción estatal.

Por tanto, nos vemos en la obligación de considerar seriamente el potencial de la autorregulación y la organización voluntaria como un paradigma legítimo y poderoso para la coordinación social en el siglo XXI, más cuando parecemos dirigirnos como sociedad al totalitarismo, porque los Estados del mundo quieren, cada vez más, incidir en nuestra vida, socavando nuestra privacidad en la internet, destruyendo con las bases de la Democracia, y, en suma, abusando de su poder para someter a cuentos ciudadanos consideren para alcanzar lo que los mismos miembros del estado consideran: “el bien común”.

[1] Ver: Friedrich Hayek. La fatal arrogancia: los errores del socialismo. Publicado por Unión Editorial. Capítulo III: “La evolución del mercado, el comercio y la civilización”. También, ver: Friedrich Hayek. Los fundamentos de la libertad. Publicado por Unión Editorial. Capítulo II: “El poder creador de la civilización libre”, Capítulo IV: “Libertad, razón y tradición”, Capítulo X: “Las leyes, los mandatos y el orden social” y Capítulo XI: “La evolución del Estado de Derecho”.

[2] Ethos refiere al conjunto de modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o comunidad.

[3] Jesús Huerta de Soto. 2005. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Publicado por Unión Editorial. Al respecto, el autor dice que el mal del racionalismo exagerado, ese en el que se cree que se tiene la sabiduría para controlar a la sociedad —la fatal arrogancia de la que habla Hayek—, que es el pensamiento que sostiene al Estado, hace que el mismo se rebelen, “como Keynes, Rousseau y tantos otros, contra las instituciones, hábitos y comportamientos que hacen posible el orden social, los cuales, por definición, no pueden ser completamente racionalizados, y a los que se califica irresponsablemente de «represivas e inhibitorias tradiciones sociales». El paradójico resultado de esta «deificación» de la razón humana no es otro que eliminar los principios morales, normas y pautas de conducta que hicieron posible la evolución de la civilización, arrojando indefectiblemente al hombre, falto de tan vitales guías y referencias de actuación, a sus más atávicas y primitivas pasiones.” (pág. 131).

[4] Ver el ejemplo del monigote de Jesús Huerta de Soto en ibidem, págs. 52-86.

«… una comunidad que se organiza para limpiar un parque o crear una biblioteca local, más que generar un impacto social y un sentido de logro que ninguna acción gubernamental puede replicar, demuestra cuan fuerte es su sociedad«

Oriana Aranguren

¿Para qué votar si al final nada cambia? ¿Para qué involucrarse en los asuntos de la comunidad si las decisiones importantes se toman en despachos lejanos, por personas a las que nunca conoceremos? Estas preguntas, que resuenan cada vez con más fuerza en las conversaciones cotidianas y se reflejan en las crecientes tasas de abstención electoral de muchas democracias consolidadas, no son meros síntomas de cinismo, más bien son el eco de una queja profunda que adolece el sistema que tanto nos ha costado construir: la Democracia, una fatigada.

Tradicionalmente, entendemos la Democracia como el derecho a elegir a nuestros gobernantes, en un escenario de cultura de participación activa, donde los ciudadanos son los protagonistas de su destino colectivo, o al menos así lo venden. Sin embargo, este ensayo argumenta que la expansión desmedida del Estado y su intervención en casi todos los aspectos de la vida, lejos de fortalecer la Democracia, puede estar generando precisamente una fatiga cívica, es decir, que el ciudadano opte por no inmiscuirse en los asuntos públicos y, en casos extremos, hasta se olvide del sentido de comunidad con sus más cercanos.

La paradoja de nuestro tiempo es que, en el afán de crear un Estado que nos proteja y solucione todos nuestros problemas, de hecho, estamos debilitando la voluntad ciudadana para gobernarse a sí misma, demostrando, de esta manera, que no es que la Democracia esté condenada a fallar por sí misma, sino que el exceso de un tipo de régimen la asfixia lentamente: la hipertrofia del Estado.

El Estado omnipresente: cuando la solución se vuelve parte del problema

Para comprender esta dinámica, es crucial definir qué entendemos por “hipertrofia de Estado”. En principio, no se trata simplemente de una cuestión de tamaño presupuestario o de número de funcionarios públicos, sino de su alcance. Un Estado se vuelve excesivo, gigante, cuando trasciende sus funciones esenciales —que, si partimos de un pensamiento más minarquista, es: garantizar la seguridad, impartir justicia y proteger los derechos fundamentales— para convertirse en el gestor principal, y a menudo exclusivo, de la economía, la educación, la salud, el bienestar social e incluso de las decisiones más íntimas de la vida cotidiana, actuando bajo la premisa de ser una entidad omnisciente y benevolente, cuya intervención es necesaria para corregir cualquier imperfección de la sociedad —con la retorica de que es para el mismo bien de la sociedad, el “bien común”—.

Esta omnipresencia e hipertrofia se manifiesta en una abrumadora centralización de las decisiones, es decir, cuando el poder para regular, financiar y administrar se concentra en aparatos burocráticos centrales que reduce drásticamente el espacio para la iniciativa individual y la autoorganización comunitaria, dejando en manos de los políticos el destino de millones de personas. Sin embargo, si el Estado “lo resuelve todo” o, más precisamente, “lo regula todo” —como les gusta a los socialistas—, la pregunta lógica que emerge en la mente del ciudadano es: ¿Para qué debo involucrarme? Esto es: que cuando el Estado es grande, la necesidad de asumir responsabilidades a nivel local o personal disminuye, ya que existe una entidad superior encargada de ello —o que dice encargarse—, por lo que el resultado es una ciudadanía que aprende a esperar en lugar de actuar, a solicitar en lugar de crear, en suma, a no ser proactiva a la hora de solucionar sus mismos problemas —por más pequeños que sean en muchos casos—.

Podemos ilustrar este fenómeno con ejemplos claros y concretos: en la economía, una regulación excesiva, a menudo justificada por la protección del consumidor o la estabilidad del mercado, puede convertirse en una barrera insalvable para la pequeña empresa y el emprendimiento, pues la maraña de permisos, licencias e inspecciones no solo consume tiempo y recursos que podrían destinarse a la innovación, sino que disuade a muchos de siquiera intentarlo. De este modo, el ciudadano no percibe al Estado como un árbitro justo, sino como un guardián burocrático que sofoca la iniciativa y, con ello, la capacidad de la sociedad para generar riqueza y empleo de forma orgánica. ¿El resultado? La responsabilidad de la prosperidad se traslada íntegramente a las políticas gubernamentales.

Pero vayamos ahora a lo cotidiano, a la comunidad: donde vivo, por ejemplo, extremadamente muy pocos vecinos —menos del 2% de una población de 500 casas, donde hay, en promedio, 3 personas por cada una— se preocupan por arreglar el problema de alcantarillado, porque esperan que el Estado venga a solucionarlo, a pesar de que han pasado meses sin respuesta y de que, como estamos en época de lluvia, la calle de desborda casi todos los días. Y estoy segura que podemos encontrar muchos casos como estos en muchos lugares donde el Estado medie todas las interacciones humanas.

Esto ilustra como un Estado, que dice ser muchas veces “de Bienestar”, que pretende cubrir cada contingencia de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, puede, sin quererlo —o a veces queriendo, no subestimemos las ansias de poder de muchos políticos—, erosionar las redes de apoyo naturales, como es el caso de la caridad, la ayuda mutua y la filantropía, que históricamente fueron pilares de la cohesión comunitaria, y que se ven opacadas o sustituidas por programas estatales impersonales. Si nos detenemos un poco y observamos a las personas en nuestra cotidianidad, veremos cómo diariamente, por solo mencionar un ejemplo, la responsabilidad por el vecino en apuros se delega a una agencia gubernamental, transformando un acto de solidaridad voluntaria en una obligación fiscal anónima. Así, la comunidad deja de ser una red de apoyo mutuo para convertirse en una colección de individuos que dirigen sus demandas hacia el mismo proveedor central: el Estado.

La erosión de la responsabilidad y la iniciativa cívica

Como ya mencionamos, el modelo de Estado omnipresente tiene una consecuencia psicológica y social devastadora: la erosión sistemática de la responsabilidad individual y la iniciativa cívica, puesto que, a medida que el gobierno asume más y más funciones, los ciudadanos son sutilmente reeducados para delegar sus responsabilidades. De esta manera, los problemas que antes se consideraban del ámbito personal, familiar o comunitario —la educación de los hijos, el cuidado de los ancianos, la seguridad del barrio— pasan a ser percibidos como “problemas del Estado”. En resumen, el ciudadano deja de ser un agente activo, un protagonista de su propia vida y la de su comunidad, y pasa a ser un cliente pasivo, un receptor de servicios, un mero espectador de las políticas públicas.

Esta delegación genera una profunda desconexión entre el esfuerzo individual y el resultado colectivo, deja de haber sentido de pertenencia, lo cual lleva a que, cuando surja un problema social, como el deterioro de un espacio público, la respuesta instintiva ya no es “organicémonos para solucionarlo”, sino “exijamos al gobierno que actúe”. Como el ciudadano paga sus impuestos y emite su voto, cree que todo acaba allí, sin reparar en que el vínculo directo entre su contribución y la mejora tangible de su entorno se vuelve opaco y distante en un régimen de Estado centralizado, dominado por un grupo pequeño que, por lo general, se encuentra muy distante de los problemas de la mayoría.

En este punto, se hace necesario recordar que el proceso burocrático es lento, impersonal y, a menudo, frustrante, y, junto a la falta de retroalimentación positiva, aniquila la motivación para participar. Por ello, el libertario debe velar por fortalecer a la comunidades, construir las cosas de abajo hacia arriba, porque una comunidad que se organiza para limpiar un parque o crear una biblioteca local, más que generar un impacto social y un sentido de logro que ninguna acción gubernamental puede replicar, demuestra cuan fuerte es su sociedad, fundamentada en la libre interacción entre sus miembros, unos que cooperan y se coordinan para solucionar problemas comunes. Entendiendo esto, entonces, podemos comprender que, cuando se priva a las personas de estas oportunidades, por extensión se les priva también de los músculos de la ciudadanía.

La Democracia como espectáculo

No obstante, cuando la ciudadanía activa se retrae, puede que la Democracia no desaparezca del todo —ya dependerá de la concepción que tenga cada uno sobre el término—, pero sin duda alguna se transforma en algo muy distinto: un espectáculo, porque la participación se reduce a su mínima expresión, convirtiendo el voto en un acto cada vez más pasivo y ritualista. En lugar de ser la culminación de un proceso de deliberación e implicación continua sobre asuntos públicos, las elecciones se convierten en un acto esporádico de adhesión o de protesta, sin repercusión significativa alguna para un cambio.

En un escenario así, los ciudadanos no eligen a representantes para que ejecuten una voluntad común que ellos mismos han ayudado a formar, sino que escogen a la figura o al partido que promete ser el “gestor” más eficiente de la enorme maquinaria estatal. Es decir, se vota por quien administrará mejor nuestras vidas desde arriba, no por quien nos facilitará las herramientas para administrarlas nosotros mismos desde abajo, convirtiendo a la política en un producto de consumo, y a los ciudadanos en meros espectadores que aplauden o abuchean desde la grada.

Asimismo, otra de las consecuencias más peligrosas de este modelo es la intensificación de la polarización y el tribalismo, porque cuando el Estado concentra un poder tan inmenso sobre los recursos, la economía y la vida social, el control del gobierno se convierte en el premio máximo, en un juego de suma cero en el que ganar una elección ya no significa simplemente tener la oportunidad de implementar un programa político, sino obtener el poder de moldear la sociedad entera a imagen y semejanza de la propia ideología, sin contrapeso ciudadano alguno. En este contexto, la facción contraria —la “oposición”— ya no es vista como un adversario con ideas diferentes con quien se puede convivir en un marco de libertad, sino como una amenaza existencial que, si alcanza el poder, utilizará el aparato estatal para imponer su visión y sus valores sobre todos los demás.

En última instancia, la política deja de ser un debate sobre cómo administrar lo común para convertirse en una guerra cultural por el control total, y las personas comienzan a pelear por ver quien puede hacerse con dicho poder, sea de forma directa o indirecta —aprovechando los amigos que sí tienen capacidad de decisión o incidencia—, siendo una confrontación por el control del Estado que absorbe toda la energía cívica, dejando poco espacio para la cooperación y el consenso.

Tan solo vea las discusiones y/o debates de los políticos, o quienes pretenden serlo: el foco de todas ellas, en gran medida —si acaso no por completo— se centra casi exclusivamente en lo que el gobierno hace, deja de hacer o debería hacer; el progreso y el bienestar se miden en términos de gasto público, nuevas regulaciones o programas estatales, distorsionando por completo la noción de una sociedad próspera. Todo, menos fijar la vista en las ideas de libertad, en que la verdadera riqueza se crea a través de la innovación empresarial, la cooperación voluntaria, la fortaleza de las familias y la vitalidad de las comunidades locales.

Hacia una sociedad con alta y fortalecida participación cívica

En conclusión, la tesis es clara y preocupante: el crecimiento desmedido del alcance estatal, aunque a menudo bien intencionado, provoca una peligrosa fatiga democrática, fomenta la pasividad, erosiona la responsabilidad individual, desconecta al ciudadano de los resultados y convierte la política en una batalla campal por el control de un poder centralizado. Es necesario entender que la apatía y el cinismo no surgen de la nada, más bien son respuestas lógicas a un sistema que relega al ciudadano al papel de espectador de su propia vida y sus propios problemas

La solución, por tanto, no puede encontrarse en más intervención estatal o en programas diseñados desde arriba para “fomentar la participación”, porque hacerlo es como intentar apagar un fuego con gasolina, sino que debe pasar por una reconsideración fundamental del papel del Estado, donde se reduzca su alcance y se devuelva el poder y responsabilidad a los individuos, las familias y las comunidades locales. En suma, se trata de aplicar el principio de subsidiariedad, a saber: que los problemas se resuelvan al nivel más bajo y cercano al ciudadano posible. Esto no implica necesariamente la aniquilación del Estado, sino su reubicación en lo que algunos consideran su justo y limitado lugar: como garante de la libertad, no como administrador de la vida —aunque los anarcocapitalistas sostendrían que para todo ello habría que eliminar el Estado por completo; pero eso es otro debate que aquí no compete—.

La tarea es monumental, porque requiere un cambio de paradigma tanto en gobernantes como en gobernados. En nuestro caso, los comunes, los civiles, quienes no pertenecemos a la alta jerarquía de la estructura estatal, comprender este asunto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿Hemos delegado en el Estado, probablemente muy grande, nuestras responsabilidades, al punto en el que ahora nos está privando del oxígeno necesario para ser ciudadanos libres y responsables? Es para reflexionar. Por otro lado, y probablemente tocando un punto más profundo, cabe preguntarse: ¿Es posible mantener una Democracia vibrante cuando el Estado absorbe cada vez más facetas de nuestra existencia, dejándonos sin nada propio que construir, defender y amar? La respuesta que demos a esta pregunta definirá la salud de nuestras democracias en el siglo XXI, una salud que, a mi juicio, es paupérrima, pero aún así deja espacio al debate.

«Es importante resaltar que un Estado limitado no es un Estado débil, sino uno que reconoce sus propios límites. No monopoliza servicios, no compite con el ciudadano y no actúa como juez y parte en los procesos económicos y sociales.»

Oriana Aranguren

Durante décadas, la administración pública ha sido concebida como la gran maquinaria encargada de ejecutar las decisiones del Estado, regular la vida de los ciudadanos, gestionar servicios y, en muchos casos, intervenir en áreas que van desde la economía hasta la cultura. Su rol tradicional ha estado íntimamente ligado al modelo estatista: uno que asume que el Estado todo lo puede, todo lo sabe y todo lo debe regular. El resultado de esto ha sido predecible en muchos países: burocracia asfixiante, ineficiencia, un sistema clientelar donde la fidelidad política vale más que la competencia técnica, falta de transparencia y, muchas veces, corrupción.

Desde la mirada liberal, esta concepción es insostenible y, en consecuencia, surge una pregunta fundamental: ¿Debe desaparecer la administración pública en un Estado limitado? La respuesta es clara: en un modelo de Estado con límites bien definidos, la administración pública no se extingue, se reinventa. Su función no es expandirse, sino servir al ciudadano; no debe complicar procesos, sino simplificarlos; no debe intervenir en cada aspecto de la vida ciudadana, sino garantizar derechos fundamentales y asegurar que las reglas del juego sean claras, justas y accesibles para todos.

Sin duda, esta concepción plantea desafíos que parecen no haber sido resueltos cuando la administración pública se desprende de los modelos de Estados intervencionistas. Estos desafíos tienen implicaciones políticas, económicas, morales y tecnológicas, que han sido desglosadas a lo largo de este escrito en un intento por comprender el ideal de una administración pública verdaderamente eficiente.

El fundamento del Estado limitado

El liberalismo parte de una premisa central: la libertad individual es un valor supremo. El Estado existe para proteger esa libertad, no para socavarla. Por tanto, su rol debe limitarse a funciones esenciales e indelegables como la justicia, la seguridad y ciertas obras de infraestructura. Toda función fuera de este marco debe ser descentralizada o delegada a la sociedad civil y al mercado, que son más dinámicos, eficientes y responsables.

Varios autores han desarrollado este concepto. John Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), plantea que el Estado existe para proteger los derechos naturales del individuo: vida, libertad y propiedad. Cualquier expansión más allá de esa función debe ser cuestionada.

En la misma línea, Ludwig von Mises, en su obra Liberalismo (1927), afirma: “El Estado es el aparato de la coacción y de la compulsión. Para limitar el poder del Estado, debe restringirse su ámbito de acción.”

Es importante resaltar que un Estado limitado no es un Estado débil, sino uno que reconoce sus propios límites. No monopoliza servicios, no compite con el ciudadano y no actúa como juez y parte en los procesos económicos y sociales. En esencia, permite el desarrollo económico y social sin interferencias arbitrarias.

Entonces, ¿Cuál es el papel de la administración pública?

La idea de un Estado limitado no implica la abolición del gobierno ni la eliminación de sus estructuras operativas. Implica, más bien, una redefinición radical de sus funciones y alcances. En este marco, la administración pública —entendida como el conjunto de instituciones y personas encargadas de ejecutar las decisiones del poder político— debe asumir un nuevo rostro, coherente con los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y respeto irrestricto a la libertad individual.

Incluso en un Estado mínimo, siempre habrá necesidad de una estructura administrativa encargada de garantizar procesos que permitan el desarrollo pleno del individuo. Su única legitimidad debe residir en su capacidad de proteger derechos, asegurar el imperio de la ley y operar los servicios esenciales con objetividad, sobriedad y transparencia.

En primer lugar, debe fungir como garante del marco legal y de la igualdad ante la ley. Esto implica una actuación guiada por normas generales e impersonales, evitando favoritismos, arbitrariedades y privilegios indebidos.

Otro aspecto fundamental es su carácter técnico, no ideológico. La administración no debe estar al servicio del partido gobernante ni convertirse en un botín político. Para ello, es clave consolidar un servicio civil profesionalizado, donde los funcionarios sean seleccionados por mérito y no por lealtades personales.

No obstante, la politización administrativa responde a una distorsión más profunda: la concentración del poder en una sola instancia. En contextos como el venezolano, esto ha significado la absorción total de los poderes públicos por parte del Ejecutivo, anulando la autonomía del Legislativo y del Judicial. El Ejecutivo actúa como una máquina cerrada, donde él mismo produce, ejecuta y valida sus decisiones, sin frenos ni contrapesos reales.

Frente a esta situación, se impone la necesidad de crear y fortalecer un sistema de contrapesos institucionales que garantice la división efectiva de poderes, preserve la autonomía de las funciones públicas y proteja al ciudadano frente al abuso de autoridad.

Finalmente, la administración pública debe operar con un alto estándar de transparencia y eficiencia. La reducción del tamaño del Estado no es únicamente un imperativo económico, sino también moral: se trata de evitar que los recursos públicos sean capturados por intereses particulares o dilapidados en estructuras inútiles. Cada gasto, cada trámite, cada política debe estar sujeta a evaluación y rendición de cuentas, abierta al escrutinio público y facilitada por herramientas de auditoría social. Es en este punto donde entran en juego dos ejes fundamentales: la tecnología y la educación ciudadana.

El uso de la tecnología para el logro de los objetivos

Transformar la administración pública bajo los principios de un Estado limitado es, sin duda, un desafío de gran envergadura. Sin embargo, esta tarea coincide con un contexto histórico favorable: el desarrollo tecnológico ofrece herramientas sin precedentes para lograrlo. Nunca ha sido más viable construir una relación directa, transparente y accesible entre el ciudadano y la administración pública. Lo que antes requería trámites presenciales y burocracia ahora puede resolverse desde una conexión a internet. La tecnología, bien empleada, es una aliada estratégica para construir instituciones más abiertas y responsables.

Podemos identificar dos grandes vertientes en las que la tecnología puede contribuir decisivamente:

1. Tecnología para facilitar procesos administrativos

La transformación digital debe enfocarse en simplificar procedimientos, reducir tiempos de espera y garantizar el acceso a servicios sin intermediarios. En este sentido, la tecnología actúa como un puente entre el Estado y el ciudadano.

Un ejemplo exitoso es el caso de Estonia, con su plataforma e-Residency, que permite a ciudadanos y residentes registrar empresas, pagar impuestos, obtener documentos y realizar trámites completamente en línea. Este sistema se apoya en bases de datos interconectadas y una identidad digital segura, incluyendo la firma electrónica, lo que garantiza la validez legal de cada operación.

Aplicado a Venezuela, sería posible desarrollar una plataforma nacional de trámites —un verdadero «Gobierno en una App»— que permita desde la emisión de partidas de nacimiento hasta la solicitud de cédulas o el pago de impuestos municipales. Esto reduciría errores, eliminaría espacios para la corrupción y aumentaría notablemente la eficiencia institucional.

2. Tecnología para la transparencia y la auditoría social

La segunda vertiente tiene un valor moral y político clave: permitir que la ciudadanía vigile al Estado. Aquí, la tecnología empodera a la sociedad civil y refuerza los contrapesos institucionales desde abajo hacia arriba.

Una herramienta prometedora en este ámbito es la tecnología blockchain, o cadena de bloques. Esta tecnología permite almacenar información de forma descentralizada, segura e inalterable. Funciona como un libro contable digital, donde cada bloque de datos está vinculado al anterior y no puede ser modificado sin alterar toda la cadena, lo que impide manipulaciones sin dejar rastro.

En el ámbito público, el blockchain podría transformar la auditoría ciudadana. Contratos, licitaciones, presupuestos y decisiones administrativas podrían registrarse automáticamente en plataformas públicas, accesibles para cualquier ciudadano en tiempo real. Esto reduciría significativamente la opacidad y convertiría al ciudadano en un actor clave del control democrático.

Llamado final: ciudadanía educada, piedra angular del cambio

Para concluir, es fundamental subrayar que ninguna reforma administrativa, por profunda que sea, podrá consolidarse sin el respaldo de una ciudadanía consciente, formada y comprometida. La eficiencia institucional y la transparencia tecnológica requieren ciudadanos capaces de interpretar la información pública, exigir cuentas y participar activamente en los asuntos colectivos. Promover una cultura cívica basada en el conocimiento de los derechos, la comprensión del funcionamiento del Estado y el uso crítico de las herramientas digitales es una tarea urgente. Solo con una ciudadanía educada será posible construir un Estado verdaderamente limitado, pero también funcional, justo y legítimo.