Caracas. – El tiktoker venezolano Nelson Américo Soto González, más conocido por haber sido el defensor de Leonel Moreno, alías «Leito», fue también detenido por organismos del narcorégimen tras su deportación a Venezuela.

Soto, quien empleaba sus redes sociales para hacer campaña contra los migrantes venezolanos y los opositores a la tiranía chavista, fue detenido este pasado fin de semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Ahora, el Ministerio Público del propio narcochavismo decidió detenerlo —al igual que ocurrió con «Leito»— para acusarlo de incitación al odio con sus publicaciones.

El comunicado difundido por la fiscalía chavista señala que «dicho delincuente a través de sus redes sociales […] publica delictivos contenidos incitando al odio en contra de los venezolanos en el extranjero, generando xenofobia y la persecución de los referidos compatriotas».

Debido a su apoyo hacia «Leito» se le bautizó como el “papá” de este tiktoker, quien promovió una campaña que desacreditó a los migrantes venezolanos. Al parecer, también fue conducido hacia El Helicoide, donde fue ubicado Moreno luego que fuera oficializada su detención.

Caracas. – El gobernador de la isla Bonaire, John Soliano, alertó este sábado sobre la posibilidad de una amenaza militar desde el narcochavismo dirigido por Nicolás Maduro y de las consecuencias, sobre todo en materia de desplazados, que una guerra civil en suelo venezolano podría provocar.

Soliano envió una misiva a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de los Países Bajos, nación bajo cuya custodia se encuentra Bonaire, para expresar su “preocupación” por los efectos que tendría sobre la isla el deterioro de la situación en Caracas.

La misiva, con fecha 25 de marzo, fue remitida simultáneamente a los ministros de Defensa (Ruben Pieter Brekelmans) y Relaciones Exteriores (Caspar Veldkamp) de la nación europea, y en ella el gobernador advierte, que luego de la elección presidencial del 28 de julio “la situación se ha vuelto más preocupante”.

“Por ejemplo, existe una posibilidad real de que haya una afluencia incontrolable de refugiados a Bonaire. Ello conlleva los riesgos necesarios para el orden público y la seguridad”, afirmó.

Sin embargo, lo que más le preocupa es lo que denomina “amenaza militar”, como consecuencia de los acontecimientos geopolíticos más recientes, que han conllevado “cambios en las relaciones entre los diferentes países”.

Soliano recordó que, por primera vez en mucho tiempo, los Países Bajos podrían involucrarse en una conflagración bélica de gran escala, tal y como ha sido advertido por voceros castrenses al Parlamento de ese país.

Tomando en cuenta este escenario geopolítico advirtió que «la situación en Venezuela no ha sido incluida en esta evaluación de amenazas. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto y de qué manera se organiza la defensa y el apoyo a Bonaire en caso de un ataque a las fronteras territoriales”, indicó.

En vista de que considera inminente una acción militar por parte del narcorégimen chavista, indicó que «un ataque a las fronteras territoriales de Bonaire debe ser visto como un ataque a los Países Bajos”.

Igualmente, exigió a los ministerios de Países Bajos especificar el tipo de apoyo que podrían prestar a la isla, si se concretara el referido escenario, e igualmente cuál sería el “tiempo de respuesta”.

Caracas. – El militar disidente José Ángel Rodríguez Araña ha denunciado este pasado viernes que el narcorégimen, en un intento desesperado para forzar su rendición y entrega, está hostigando a sus familiares en el estado Barinas, con intentos de ingresar a la vivienda de estos.

Rodríguez Araña, teniente del Ejército, denunció el hecho en un video, mientras que sus familiares también alertaron sobre las hostilidades ejecutadas por funcionarios de la DGCIM.

Su madre realizó una videollamada a un canal de Youtube, en la cual señaló que los presuntos funcionarios llegaron a la casa con armas largas para decirle que su hijo debe entregarse.

«Tenemos una persecución de parte de la DGCIM (…) Ellos están afuera de donde vivimos, no sé qué están esperando, será el momento de entrar a nuestra casa sin una orden judicial y no nos explican el porqué, solamente dijeron: ‘Su hijo tiene que entregarse’ (…) No podemos salir porque nos tienen vigilados, nos tienen acorralados (…) Los vehículos están parados observando cada movimiento que nosotros damos», alertó la dama.

Por ello, responsabilizó tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello, los dos principales líderes del narcochavismo, de todo lo que pueda ocurrirles.

Por su parte, el joven militar disidente aseguró que, pese a estas acciones intimidatorias, no va a ceder para entregarse a la tiranía, y por todo lo contrario, está dispuesto a «morir con las botas puestas».

Asimismo, advirtió al narcorégimen que si a alguno de sus familiares llega a pasarles algo, «por muy mínimo que sea, olvidaré los códigos y pasaremos a otro nivel».

«El enemigo se va contra el enemigo, no debe haber daños colaterales, la familia no tiene nada que ver en lo que se está haciendo», sentenció el militar en el exilio.

Caracas. – Un año cumplen ya este viernes, de sufrir una injusta encarcelación bajo condiciones infrahumanas, unos 45 presos políticos postelectorales, que fueron trasladados bajo engaño desde varios centros de detención hasta el penal Rodeo I (Miranda).

La denuncia fue realizada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), la cual en su cuenta de la plataforma X, difundió una publicación revelando la realidad que padecen estos ciudadanos secuestrados por la Narcotiranía chavista.

«Este viernes #4Abr se cumple un año desde que al menos 45 presos políticos fueron trasladados bajo engaño desde El Helicoide, DGCIM y otros centros donde se practican torturas, a la cárcel de El Rodeo I», señaló el comité.

En este sentido, condenó que estas víctimas, desde su llegada a ese peligroso centro penitenciario, «han sido sometidos ha torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que deterioran lentamente su integridad y su vida».

«Hoy duermen sobre cemento, al lado de una letrina, sin acceso a atención médica, sin sol, si visitas y sin ningún derecho», advirtió Clippve.

También, responsabilizó al Ministerio chavista de «servicio penitenciario» de ser cómplice de esta situación, y de ser responsable de estos hechos, que son considerados crímenes de lesa humanidad.

«El Ministro para el Servicio Penitenciario sabe lo que pasa en el Rodeo I y es responsable directo de los crímenes de lesa humanidad que allí se cometen», alertó.

Caracas. – La abogada y defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju ha desmentido este viernes al fiscal del narcorégimen, Tarek William Saab, quien acusó falsamente al militar venezolano asesinado por la narcotiranía venezolana, Ronald Ojeda, de supuestamente haber asesinado a esbirros de la tiranía durante su fuga en noviembre de 2021.

En una rueda de prensa que ofreció este pasado jueves, Saab sostuvo, sin pruebas que argumenten su falsa acusación, que Ojeda asesinó a dos de los custodios que lo trasladaban junto a un grupo de jóvenes militares detenidos hacia un tribunal el 30 de noviembre de 2021.

El grupo, conformado por nueve tenientes, decidió fugarse ese día, luego que por fin aprobaran llevarlos a una audiencia que había sido diferida varias veces tal como le explicó Suju, en un video publicado en su cuenta de X.

Ojeda ese día pudo escapar junto a siete compañeros, pero los tenientes Luis Mogollón y Rafael Eduardo Arreaza no corrieron la misma suerte.

El grupo era conducido desde Ramo Verde, Los Teques (Miranda), hasta los tribunales en Fuerte Tiuna, Caracas. En el trayecto lograron someter a los esbirros y lanzarse de los vehículos para huir corriendo.

Sin embargo, Mogollón fue captura y lanzado desde un vehículo en marcha, para después ser golpeado por la culata de un fusil una vez tendido en el pavimento. El joven militar aún se encuentra grave por las lesiones que sufrió en ese momento.

Mientras, Arreaza fue acorralado en una casa por efectivos policiales de Miranda, quienes le dispararon dos veces (pierna y abdomen), arrebatandole la vida.

Suju aclaró que esos fueron las únicas víctimas del episodio, y no se trató de esbirros de la tiranía, como lo intentó plasmar Saab en sus declaraciones, en un intento de manchar el expediente del militar asesinado en Chile por órdenes de la tiranía chavista.

Caracas. – Familiares de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE chavista, denuncian desde este pasado martes su desaparición forzada, luego de haber sido citado por funcionarios de la DGCIM a una reunión a finales del año pasado.

Los allegados del funcionario del ente electoral informaron también del hecho a varias ONG, entre ellas Provea, las cuales difundieron la denuncia a través de las redes sociales.

En el caso de Provea, la ONG explicó en una publicación en la plataforma X que Nadales, quien era director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE, fue detenido el pasado 27 de noviembre de 2024 en Caracas.

Agentes de la DGCIM lo convocaran a una reunión en la sede central del organismo y, tras el encuentro, fue secuestrado. Desde ese momento, su familia ha perdido todo contacto con él.

Su hija, Bianggi Maíz, relató en un video publicado por la ONG que al día siguiente acudió a la sede del CNE para preguntar por su paradero. Tras varios intentos, logró confirmar que su padre había sido trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta, al este de la capital venezolana.

La joven contó que pudo entregarle varios medicamentos, ya que Maíz Nadales «es paciente bariátrico, hipertenso y padece de tensión ocular».

Sin embargo, el 16 de diciembre les informaron que el funcionario del CNE ya no se encontraba en esa sede y supuestamente había sido trasladado a la cárcel de El Rodeo I. Nuevamente recorrieron varios centros de reclusión, pero no han obtenido respuesta.

Incluso en El Rodeo I no les dejaron preguntar por su familiar.Ahora, el pasado 20 de marzo se enteraron que fue presentado ante el Tribunal 2º de Terrorismo, donde fue acusado de los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir, aunque no se les permitió designar un abogado privado.

Finalmente, decidieron hacer pública la denuncia, en vista de que le han sido violado todos sus derechos fundamentales, y, tal como lo explicó Provea en su comunicado, se trata de una desaparición forzada.