El Gobierno de Argentina ha anunciado este miércoles una serie de reformas para endurecer su política migratoria, que van desde la expulsión de extranjeros condenados por cometer algún delito, al cobro por recibir asistencia sanitaria a todas aquellas personas en situación irregular o que cuenten con estatus de residencia temporal.
El portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, ha asegurado que la actual legislación en materia de inmigración «invita al caos» y al «abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro».
«Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles», ha protestado el portavoz, quien ha dirigido también los ataques hacia los «inmigrantes que vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países».
En este sentido, Adorni ha asegurado que en las últimas dos décadas han entrado de manera irregular al país un millón de personas y ha lamentado que hasta ahora no se haya expulsado a aquellos que infringieron la ley dentro del territorio y que puedan «seguir viviendo felizmente en la Argentina para peligro de todos los demás».
«De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar será rechazado en las fronteras por las autoridades migratorias (…) todo aquel que sea condenado por cometer un delito, será deportado (…) El que las hace, la paga», ha dicho.
Así, ha expresado que tampoco es justo para aquellas personas que han llegado desde fuera para contribuir con el bienestar de Argentina, país que quiere «seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero».
