General chavista acusado por narcotráfico tiene a su familia viviendo en EE. UU.

Caracas. – En redes sociales se difundió desde principios de esta semana la situación del general de brigada chavista, Ciro Fonseca Alvarado, quien, pese a las graves acusaciones que tiene en su contra, tiene a su familia viviendo en la población de Kendall, condado de Miami-Dade, Florida, EE. UU.

Las informaciones señalan que Fonseca, actual comandante de la ZODI 53 con sede en Cumaná (Sucre), tiene sobre sus espaldas acusaciones serias por narcotráfico, lavado de dinero y violación de los Derechos Humanos, ante la justicia estadounidense.

Fonseca está en la mira de organismos como la DEA y otros organismos de inteligencia en EE. UU., pero, aun así, tiene a su esposa e hijos viviendo una lujosa vivienda en la citada localidad en Florida, cuyo costo asciende a los USD$ 750.000.

Muchos internautas, especialmente en X, que han interactuado con la denuncia sobre la situación de este militar chavista, han pedido enviar la información tanto al ICE, como al despacho del propio Secretario de Estado, Marco Rubio, para que se tomen las sanciones correspondientes y la familia sea deportada inmediatamente.

También han solicitado hacerle llegar los datos de Fonseca a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, para que inicie, igualmente, una averiguación con respecto a la situación legal de la familia de Fonseca.

Muchos de los comentarios de los usuarios indicaron que, además de exigir justicia, a los militares afectos a la Narcotiranía deben congelarle todas sus cuentas y retirarles las visas, así como cualquier otro permiso que hayan logrado tanto ellos, como sus familiares, antes de ser finalmente deportados.

Cabe señalar que la situación de Fonseca, quien comete desmanes y participa de varios de los delitos del narcorégimen, viene siendo denunciada por diversos medios desde hace un tiempo.

ONG denuncia que extranjeros secuestrados por Narcotiranía chavista no han recibido asistencia consular

Caracas. – La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este pasado martes que “muchos” extranjeros secuestrados en Venezuela por la tiranía chavista por motivos políticos, aún permanecen incomunicados, sin garantías judiciales, y sin contacto con sus respectivas embajadas, por lo cual se les ha negado el derecho a recibir asistencia consular.

La ONG advirtió que esta práctica constituye un «acto deliberado de aislamiento», que contraviene las normas internacionales.

«Muchos han sido privados de libertad sin acceso a sus consulados, sin defensa adecuada, sin información a sus familias. Algunos incluso enfrentan cargos inverosímiles o juicios irregulares», señaló JEP en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La organización, conocida por exigir la liberación de estos ciudadanos de otros países y de venezolanos con doble nacionalidad, considera que encarcelar extranjeros por razones de Estado o como represalia política representa una injusticia y un acto de aislamiento deliberado y reconocido por la doctrina como diplomacia de rehenes.

Por ello, advirtió que el respeto a las normas internacionales no es opcional. Según la ONG Foro Penal, de los 927 ciudadanos secuestrados por la Narcotiranía de Nicolás Maduro, 82 de ellos poseen doble nacionalidad, es decir, son extranjeros, y la mayoría de ellos fueron víctimas de raptos luego de las presidenciales de julio de 2024.

Venezuela es incluida en lista de «alto riesgo» por lavado de dinero y terrorismo del narcorégimen

Caracas. – La Unión Europea (UE) añadió este pasado martes en su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» a Venezuela, debido a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en los que está implicado el narcorégimen chavista, incluyéndola junto a otros 10 países.

En la lista fueron incluidas naciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia, Nepal, mientras que países como Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron retirados de ese grupo de «alto riesgo».

Esta clasificación por parte de Bruselas no implica sanciones contra los señalados, pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

Estos países deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.

Para tomar la decisión con respecto a Venezuela, la comisión de la UE llevó a cabo «una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar la actuación de los Estados para luchar contra el blanqueo de capitales y que fija aquellos Estados sobre los que aplicar una «vigilancia reforzada».

Como era de esperarse, el narcorégimen de Nicolás Maduro consideró «ridícula» la lista y señaló que lo que «representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».