Caracas. – Una joven de apenas 20 años, Ariadna Pinto, rehén político de la Narcotiranía chavista, falleció este pasado sábado, debido a las complicaciones de salud que sufrió mientras se encontraba tras las rejas, período en el cual se le negó la debida atención médica.
Su lamentable deceso ocurrió en el hospital de San Carlos, estado Cojedes, donde había sido hospitalizada tras registrar un deterioro alarmante de su salud. Pinto fue secuestrada durante las protestas postelectorales del 28 de julio, y la excarcelaron precisamente por el delicado cuadro clínico que presentaba.
Sin embargo, su salud empeoró luego de su libertad, precisamente por las terribles condiciones y la falta de asistencia que padeció. Sus familiares explicaron que fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo I a los 10 años, enfermedad que requería un control médico muy estricto, el cual no se cumplió mientras estuvo injustamente encarcelada.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos contó que Elizabeth Pinto, su madre, luchó para mantenerla viva, cubriendo los gastos médicos con ayuda de familiares y amigos, pero la falta de tratamiento adecuado y el abandono institucional provocaron su fallecimiento.
«Meses de sufrimiento causado por una detención injusta, el colapso del sistema de salud y el abandono institucional. Su muerte es otra tragedia que revela el costo humano de la criminalización de la protesta en Venezuela», denunció la ONG.
Asimismo, señaló que «el encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo 1 y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas».
Pinto fue detenida el 10 de agosto de 2024, después de que una integrante de las llamadas UBCH la denunciara por “terrorismo” e “incitación al odio”, sin que hubiese fundamentos.
El 12 de ese mes, fue hospitalizada por una hiperglucemia grave en un centro de salud público, pero luego fue devuelta al lugar de detención. Luego, en septiembre, fue nuevamente ingresada de emergencia por complicaciones severas, y allí permaneció hasta su excarcelación el 7 de diciembre.
Según la ONG, durante esos meses estuvo bajo custodia del CICPC y «esposada, en condiciones humillantes y con total indiferencia estatal».