Caracas. – El narcorégimen chavista pretende inmiscuirse en el proceso de extradición hacia Chile que enfrentan cuatro integrantes de la organización terrorista «Tren de Aragua», actualmente detenidos en Colombia.
Se trata del caso que involucra a Dayonis Orozco, alias «el Botija»; Carlos Gómez, alias «Bobby»; Luis Alfredo Carrillo, alias «Gocho», y Larry Álvarez, alias «Larry Changa», considerados piezas fundamentales en la investigación sobre el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile.
Según el medio colombiano Noticias Caracol, uno de los primeros portales en dar a conocer el tema, debido al «alto perfil delincuencial» que exhiben, «los cuatro extraditables podrían ser testigos directos de una alianza entre ese gobierno y la organización criminal trasnacional».
Las autoridades chilenas sostienen que el régimen de Nicolás Maduro mantiene vínculos directos con el «Tren de Aragua», lo que derivo en que el Gobierno chileno presentara una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPU), responsabilizando a la Narcotiranía chavista por su participación en el crimen contra el joven militar venezolano refugiado en ese país.
Los sujetos fueron detenidos por la policía colombiana y están recluidos en celdas de la cárcel La Picota de Bogotá. Ahora, en vista de la solicitud realizada por el gobierno chileno, la fiscalía del narcochavismo pretende que, en lugar de que sean extraditados a Chile, sean enviados a Venezuela.
Esta solicitud presenta irregularidades a juicio del exfiscal chavista Zair Mundaray, quien —citado por Noticias Caracol— explicó: “Acá hay varias anomalías. A partir del mecanismo de cooperación, construir un expediente, ¿Para qué? ¿Para luego ir a hacer una solicitud de extradición respecto de unos hechos respecto a los cuales no tienes competencia territorial para investigar?”.
La situación ha puesto a Colombia en una posición delicada. Por un lado, Venezuela exige la extradición de los detenidos, mientras que Chile solicita su entrega para avanzar en el proceso judicial por el asesinato de Ojeda.
No obstante, la decisión final sobre la situación jurídica de los cuatro integrantes del «Tren de Aragua», detenidos en Colombia, recae en el presidente Gustavo Petro, quien debe sopesar el riesgo de entregar a los criminales a un país donde no se garantiza un juicio justo, frente a la posibilidad de que colaboren con la justicia chilena y contribuyan a desarticular las operaciones de la citada organización criminal trasnacional.